Juan Berríos, coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), informó que durante el primer semestre de 2020 registraron 377 muertes por violencia policial.
Sobre la distribución de estos hechos violentos por municipios destacan Maracaibo con 119 hechos violentos (45,59%), San Francisco 33 (12,64%), en Cabimas 22 (8,43%) y La Cañada de Urdaneta 19 (7,28%).
Berríos resaltó que en los 262 hechos de violencia policial registrados hasta junio de 2020, la mayoría calificados como presuntos enfrentamientos por las autoridades, no falleció ningún funcionario de seguridad.
Los cuerpos de seguridad regionales dieron muerte a 122 personas (32,36%), las policías municipales a 43 personas (11,41%), en acciones conjuntas de comisiones mixtas a 14 personas (3,71%) y en los casos de 7 personas no se identificó el cuerpo policial responsable de la muerte.
De forma individual, los cuerpos de seguridad nacionales que provocaron mayor número de muertes por violencia policial en el Zulia fueron las Fuerzas de Acciones Especiales con 67 (17,77%), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con 54 (14,32%), y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro con 33 (8,75%).
En el caso de los cuerpos de seguridad regionales, el Servicio de Investigación Penal del estado Zulia dio muerte a 88 personas (23,34%), el Cuerpo de la Policía Bolivariana del estado Zulia a 17 (4,51%), y el Equipo de Respuesta Especial a 16 (4,24%).
Los cuerpos de seguridad municipales que provocaron más muertes fueron Poliurdaneta con 10 (2,65%), Polimiranda con 3 (0,80%), y Policabimas con 3 (0,80%).
La Guardia Nacional Bolivariana dio muerte a 18 personas (4,77%), el Grupo Canino a 14 (3,71%), y comisiones mixtas a 14 (3,71%). Por su parte, la Mancomunidad policial del área metropolitana de Maracaibo ocasionó la muerte de 8 personas (2,12%).
El coordinador de Codhez dijo que desde la perspectiva del Estado no se tratan de ejecuciones extrajudiciales, si no de resultados de la implementación de una política de seguridad ciudadana, por lo que presumen que hay exceso en el uso de la fuerza y que no se están cumpliendo los protocolos nacionales para el uso de armas de fuego.
Sobre las particularidades sociales en las que queda la familia de las víctimas refirió que son precarias «tiene un costo social bastante grande para los supervivientes y les deja con mucho miedo, esto ha que la mayoría no denuncie y entiende que esa fue la suerte que le tocó; otros sí toman la decisión de denunciar».
