Este viernes se cumple un mes desde le comienzo de las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril junto a un paro nacional.
La protestantes presionaron al Gobierno y a los legisladores a archivar las impopulares reformas tributarias y de salud, iniciales detonantes de las manifestaciones.
La iniciativa fiscal buscaba un importante aumento de impuestos sobre las clases media y baja del país para recaudar alrededor de 6.302 millones de dólares, con el fin de llenar los agujeros de las arcas públicas del Estado, golpeadas por la pandemia de la COVID-19.
Pero en un momento de crisis económica, justamente a raíz de la emergencia sanitaria que obligó al cierre del comercio, turismo y diversos negocios, este proyecto fue solo la última gota que colmó la paciencia de los ciudadanos.
La reforma a la salud, por su parte, pretendía privatizar una sanidad de por sí altamente tercerizada. En medio de las fuertes críticas desde distintos sectores, el Congreso votó por mayoría para archivar el controvertido proyecto de ley 010 de 2020.
A su vez, varias renuncias gubernamentales y la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, son parte del balance que han dejado desde el inicio de las protestas.
Pero, la violencia se ha convertido en su alto costo. Muertes, desapariciones y abusos sexuales alarman sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas presuntamente por la fuerza pública. La CIDH advierte sobre una grave crisis.
Las protestas disminuyen su volumen
Luego de 30 días, las manifestaciones han atravesado por jornadas con menor flujo de participantes. El 26 de mayo Colombia vivió su quinto paro nacional en el que se evidenció una disminución en la asistencia.
No obstante, queda demostrado que aún hay cientos de personas elevando sus voces dispuestas a presionar por cambios sustanciales.
Si bien la mayoría de manifestaciones son pacíficas, del otro lado, hay quienes no están de acuerdo con las huelgas y los bloqueos de carreteras que durante un mes de estallido social.
han paralizado aún más los negocios, creado desabastecimiento de combustible y alimentos en algunas ciudades, así como daños a peajes, estaciones de policía, bancos y establecimientos comerciales.
CIDH preocupada por los hecho de violencia
Frente a la condena internacional por el uso de fuerza excesiva, el Gobierno de Duque asegura que respeta las manifestaciones pacíficas, al tiempo que insiste en que los bloqueos de carreteras no son protestas legítimas y deben ser levantadas.
Muertes, desapariciones, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias, entre otros hechos violentos, muestran el alto costo que han pagado algunos de los manifestantes a cambio de algunos avances en los reclamos de millones de colombianos.
Por primera vez desde que iniciaron las revueltas sociales, la Fiscalía General publicó el pasado 25 de mayo que recibió reportes de 43 personas fallecidas, cifra que coincide con la de Temblores.
Sin embargo, el ente acusador especificó que, del total, solo 17 muertes “tienen nexo directo” con las protestas. Además, indicó que al menos 129 personas se encuentran desaparecidas y 290 que habían sido reportadas como no localizadas ya fueron encontradas.
El martes, en un hecho que impactó al país, el Palacio de Justicia de Tuluá ardió en llamas hasta quedar destruido, luego de que un grupo de desconocidos prendiera el fuego.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre una grave crisis e insiste en que se autorice el ingreso de una misión para verificar los hechos.
El Gobierno colombiano ha puesto en espera a la delegación al señalar que primero deben concluir las investigaciones de las autoridades locales.
Sin embargo, la vicepresidenta de Colombia, Marta Ramírez, anunció que a finales de junio se decidirá la fecha en que la comisión podrá visitar el país.
El preacuerdo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno
Mientras el descontento continúa en las calles, el Gobierno colombiano y el Comité Nacional del Paro intentan negociar una salida a la crisis, aunque avanzan con lentitud.
Tras nueve días de conversaciones, el lunes anunciaron un preacuerdo para instalar mesas de negociación.
El paquete de peticiones incluye el fortalecimiento al plan de vacunación contra la pandemia del COVID-19, renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual, defensa de la producción agrícola, subsidios para pequeñas y medianas empresas.
Además, exigen matrícula gratis en entidades públicas de educación, derogación del decreto 1174 de 2020 que, según las centrales obreras, afecta el sistema general de pensiones para los trabajadores informales y detener las fumigaciones con glifosato para erradicar cultivos ilícitos.
Por su parte, el mandatario colombiano anunció educación superior pública gratuita para jóvenes de los estratos económicos menos favorecidos para el segundo semestre de 2021, decisión que fue bien recibida por varios sectores.
Sin embargo, se encontró con algunas críticas desde la oposición, que lo consideran insuficiente, pues creen que debería garantizarse a largo plazo.
Duque también asegura que su Gobierno trabaja por la masificación de la inmunización contra la pandemia y plantea un pacto para mitigar la tasa de desempleo juvenil que durante el primer trimestre del año llegó al 24%.
La negociación se vislumbra amplia, pero se espera que acabe con la violencia que ha marcado uno de los capítulos más preocupantes de la historia reciente del país agudizado por una pandemia.
Fuente: AFP, El espectador, Twitter
