Cada vez más venezolanos emprenden viajes hasta Colombia para adquirir diversos artículos que luego comercializan en Venezuela; pero no todo es color de rosa. Este “negocio” requiere de una buena inversión de dinero, tiempo y sacrificio.
En un país donde el salario mínimo establecido por el Estado en de 250 mil bolívares, muchos apureños buscan diferentes maneras de aumentar sus ingresos monetarios para subsistir.
Esto debido a que dicha cantidad no cubre ni el 2% de la canasta básica alimentaria que en diciembre del año 2019 se ubicó en 8 millones 100 mil 481 bolívares, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores.
De acuerdo con datos aportados por la Cámara de Comercio del estado Apure, al menos 80% de la masa laboral «se rebusca» para ganar más dinero y así comprar los alimentos necesarios para cada día.
En los últimos tiempos, los apureños han denunciado reiteradamente que son sometidos a arbitrarias revisiones por parte de efectivos militares en los puestos de control Las Cotúas, en el municipio Biruaca, así como en Nazareno de Achaguas y Madre Vieja, en el municipio Achaguas. También en los puestos de control de los municipios Elorza, Rómulo Gallegos y Páez, además de los improvisados que son comunes en la zona.
Aunque el tema no sea nuevo, el «matraqueo» en las alcabalas se ha intensificado con la situación del país y ha adoptado nuevas modalidades.
«A parte del reclamo por el atropello de los militares, regresar de Colombia significa contar con dinero o bienes para pagar en cada alcabala el matraqueo de guardias y policías», comentó Johan Sevilla, actualmente comerciante informal en el mercado municipal.
Exigir a los camioneros parte de la mercancía que llevan desde la frontera hacia el centro del país, es casi un requisito obligatorio. «Ahora pa’ llegar por lo menos hasta a San Fernando, hay que tener padrino», denuncian los conductores.
«Antes el problema se presentaba si usted no tenía la Sunagro (guía que autoriza la movilización del producto), andaba por ahí con la licencia vencida, sin certificado médico o le faltaban los papeles del carro. Pero ahora sí o sí hay que bajarse de la mula con los guardias», se quejó Luis Rondón, transportista de una línea privada de carritos por puesto que hacen viajes directos hasta Guasdualito.
Explicó que antes, cuando se ponían «muy necios» para dejarlos continuar su camino, se les «mojaba la mano». Pero actualmente no se puede porque la mayoría no lleva mucho dinero en efectivo y la venta se hace por transferencia.
Matraca en mercancía
Otro comerciante de San Fernando contó que mientras transportaba mercancía para su negocio de víveres, fue detenido en una alcabala donde le exigieron las facturas de la mercancía que llevaba consigo, que presentó sin ningún inconveniente. Sin embargo, los funcionarios iniciaron con «las amenazas habituales» y alegaron que no podía transportar esa cantidad de artículos, por lo que los iban a retener.
“Me quitaron 50 dólares de mercancía, tal vez más porque lo calculé a costo”, contó el hombre quien prefirió mantenerse en el anonimato.
Los pobladores explican que acciones ilegales como alcabalas móviles fantasmas, bandas criminales que operan con indumentaria policial y constantes robos son parte de las actuaciones que alejan a la ciudadanía de las autoridades.
«La figura del policía no es sinónimo de seguridad y confianza para los ciudadanos», expresó uno de los abordados, quien aseguró que «el matraqueo” se ha convertido en parte de la cotidianidad.
Para el venezolano es común pagar por un servicio o para que un policía “te deje ir”. Ante este tipo de acciones los ciudadanos están más alertas y tratan de evitar ser víctimas de la extorsión. Sin embargo, los funcionarios buscan nuevos mecanismos para la coacción al ciudadano y encontrar algún beneficio de cualquier situación.
Por Liliana Núñez / Radio Fe y Alegría Noticias
