Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron la tarde de este martes 1 de agosto que los trabajadores y luchadores sociales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes fueron condenados a 16 años de prisión.
Estos activistas, que habían estado exigiendo en las calles salarios dignos y protestando contra el instructivo Onapre, fueron detenidos en julio de 2022 y han sido condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
“El sistema de justicia de Venezuela está viciado”, publicó la ONG Provea en su cuenta de Twitter, donde afirmó que la condena fue “arbitraria” y detalló que se utilizaron presuntas capturas de WhatsApp para justificar “conspiración”.
“El único testigo de la denuncia NUNCA se presentó en 1 año y 2 meses”, agregó Provea.
Por su parte, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos denunció en su Twitter que la juez Grendy Duque del Tribunal Segundo de Terrorismo “condenó a los 6 luchadores sociales sin elementos de convicción en su contra y tras un proceso judicial plagado de violaciones al debido proceso”.
Los seis detenidos se encuentran en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara.
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