La Corte Suprema de Chile desestimó este miércoles 24 de febrero 3 de los 4 recursos de amparo que se habían introducido para defender a un grupo de migrantes que habían sido expulsados el 10 de febrero y dejó sin efecto una resolución de la Corte de Apelaciones que había decidido que la medida había sido ilegal.
Con esta decisión la máxima instancia del poder judicial chileno termina otorgándole la razón al gobierno de Sebastián Piñera.
La sentencia fue determinada por los magistrados de la Segunda Sala de la Corte y argumenta que que el procedimiento y las razones del Ministerio del Interior son legales, y por tanto no hubo ninguna acción u omisión que afectara la libertad personal o ambulatoria de los extranjeros.
Al conocerse de esta decisión que echa al traste con los recursos interpuestos por organizaciones defensoras de derechos de migrantes, se pronunció de inmediato el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien señaló que “expresamente la Corte Suprema señala que hemos actuado conforme a nuestras atribuciones, conforme a la Ley y a la Constitución y además, dando cumplimiento a la Ley Migratoria”.
Galli agregó, «creemos especialmente relevante comunicar a aquellos ciudadanos extranjeros que la forma de ingresar a nuestro país es hacerlo regularmente. Quienes lo hacen clandestinamente arriesgan su patrimonio, arriesgan su vida muchas veces, pero además obligan a Chile a iniciar respecto a esas personas proceso de expulsión».
La expulsión de más 100 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, se concretó el pasado 10 de febrero desde la localidad de Iquique.
El gobierno chileno alega que los extranjeros habían ingresado por pasos ilegales y por ende debieron enfrentar las leyes migratorias del país.
La acción fue repudiada por organizaciones no gubernamentales de derechos de migrantes, refugiados y personas desplazadas, como el Servicio Jesuita con Migrantes, que calificó el hecho como un «show mediático» por parte del gobierno.
