Mariano de Alba, abogado venezolano, afirmó que existen tres posibles caminos que puede tomar la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso Venezuela.
En un análisis explicativo para Radio Fe y Alegría Noticias, el también experto en derecho internacional y diplomacia, dijo que el curso que tome ahora la CPI depende de la decisión del nuevo fiscal.
«Puede ser que se decida iniciar la investigación o que se dé un margen de tiempo para que las autoridades de Venezuela decidan investigar», expresó. Sin embargo, la CPI en su momento determinó que no había disposición genuina de las autoridades de Venezuela de denunciar los crímenes de lesa humanidad.
Recientemente la ex fiscal Fatou Bensouda mostró su informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares en el país en el que se confirman los crímenes.
En el documento de la CPI hasta junio pasado la fiscal concluyó que había «una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad».
Aunque está el expediente abierto, las fases posteriores a comprobar los autores de los crímenes siguen pendientes.
En ese sentido, Mariano de Alba indicó que por un lado el fiscal del CPI, Karim Khan, puede dar continuidad a la investigación. «Esta se trataría en una segunda fase en la que deben recabar mayores pruebas y testimonios. O bien, tiene la opción, menos probable, de iniciar una nueva evaluación “totalmente distinta a la de la ex fiscal».
Por lo momentos, queda a la espera una decisión, que aún «no se sabe en qué fecha se puede dar».
«Lo más seguro es que sea este año y, si se decide la fase de investigación, hay que determinar quiénes son los culpables de los crímenes de lesa humanidad», señaló.
«La fiscalía tiene que decidir o anunciar quiénes son los individuos responsables de posibles crímenes de lesa humanidad. Creo que de alguna forma eso pudiese generar ciertos movimientos al interno del Gobierno en cuanto a quienes ocupan altos cargos», puntualizó.
Podrían haber trabas por parte del Estado
El abogado consideró poco probable que la investigación de la Corte avance en poco tiempo y mucho menos si no hay disposición del Estado.
«La estrategia del Gobierno de Nicolás Maduro es intentar dinamitar ese proceso para que no avance tan rápido como debería», manifestó tras afirmar que Venezuela podría poner trabas en el proceso.
«El Gobierno venezolano puede decidir cortar toda comunicación con la Corte para que sea difícil avanzar en la fase de investigación», finalizó.
