El informe de la ONU sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, deja al borde del nocaut al oficialismo. El propio secretario general de la organización y el de la OEA condenaron de manera terminante lo que ocurre. Significativo es que los argumentos podrían acelerar una decisión de la Corte Penal Internacional que deje a la autocracia sin aliento. Ante el mundo ha quedado claro que se cometen delitos de lesa humanidad de manera continuada. El informe apunta al inquilino de Miraflores como el más alto responsable y a una cúpula envilecida.
Mientras tanto, el oficialismo hace todo lo posible por montar el circo electoral del 6 de diciembre y lograr que algunos opositores participen. Especialmente debido a que se rompe la línea fijada por la Asamblea Nacional, el propio Guaidó y el gran número de países que cuestionan la elección.
La violación sistemática de la Constitución, empezando por la designación írrita del CNE, las intervenciones de los partidos, y las modificaciones de las condiciones a menos de 6 meses de su convocatoria, hacen inviable la elección desde el punto de vista jurídico. Por lo demás, todos los sondeos de opinión serios pronostican una abstención que podría estar alrededor del ochenta por ciento.
En este escenario, el PSUV manipulando las misiones y los CLAP va a obligar a su “militancia” a votar, con lo que sin problemas tomarían una mayoría calificada de la Asamblea Nacional. ¿Qué sentido tiene en un escenario como este acudir a sufragar? Con un nuevo parlamento avalado por quienes participan, seguirán haciendo lo que les da la gana. Incluso Cabello acaba de declarar que la Constituyente no va a entregar ningún proyecto de Constitución, que sería su verdadera razón de ser, y que podría prorrogar su vigencia que vence en diciembre del 2020.
Lo que quiere decir es que en el supuesto que perdieran el parlamento, seguirán con lo que ellos llaman “leyes constitucionales” legislando sobre la Asamblea Nacional. Con lo cual el resultado ganando o perdiendo es el mismo, que es lo que siempre ha pasado con el oficialismo.
Ganamos la Asamblea en el 2015 y la sabotearon hasta el extremo. Anularon a los parlamentarios de Amazonas que nos dieron la mayoría calificada, el revocatorio de mitad de periodo que es un mandato Constitucional previa recolección de firmas tal y como se había hecho y eligieron una Constituyente sin consultar al pueblo convocante para acabar con toda oposición. Ahora buscan darle la estocada definitiva al mandato del parlamento y de Guaidó ganado por la alternativa democrática.
Adicionalmente, buscan dejar a los países que se niegan a reconocer los comicios en entredicho. Ahora sí escriben a la ONU y a la Unión Europea, después de que tienen todo cocinado, para que avalen el evento. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes, ni lo han hecho en más de una década?.
El apoyo más importante que tiene la oposición viene del reconocimiento internacional del actual parlamento que se pronunció negando la legitimidad y legalidad de la farsa electoral. Desatenderlo es perder el último bastión institucional de la oposición que tiene el respaldo internacional de occidente.
Sí quisieran con sinceridad retomar el camino del diálogo y los acuerdos, postergarían las parlamentarias, planteando una amnistía general para los inhabilitados, exiliados y presos políticos. Devolviendo los partidos a sus directivas naturales y cesando de una vez por todas la Constituyente espuria. Planteando además una observación electoral con suficiente tiempo y donde participen observadores como la O.E.A..
El nuevo “Pacto unitario por la libertad y elecciones libres” firmado por 37 partidos y apoyado por más de cien asociaciones de la sociedad civil debe servir de guía para colocarnos en el camino de devolverle al pueblo su soberanía. Ante la catástrofe económica y política, el cambio y unas elecciones presidenciales son la única vía.
@OscarArnal
