El 18 de abril de 2018 estallaron una serie de protestas en Nicaragua que comenzaron con una manifestación en contra de una reforma en el sistema de salud, pero que luego se transformaron en un clamor generalizado de miles de personas pidiendo la renuncia del presidente Daniel Ortega.
La respuesta del gobierno a los reclamos por justicia, democracia y cambio, fue una gran represión que dejó al menos 355 fallecidos desde abril de 2018 hasta julio de 2019, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En medio del conflicto, el liderazgo estudiantil encarnó un papel protagónico que tuvo un alto precio, ya que los jóvenes fueron calificados como “delincuentes” y “terroristas” por el Estado nicaragüense. Eso bastó para que se justificara la opresión contra ellos.
A epicentros de la lucha de los movimientos sociales y estudiantiles, como la Universidad Centroamericana (UCA), el Gobierno les pasó factura. En el caso particular de esta tradicional universidad jesuita, comenzaron debilitándola con el cierre de varios institutos adscritos a ella, como el Instituto Nacional de Historia, el más importante del país.
Luego, en este 2023, les congelaron sus cuentas bancarias, lo que les impidió pagar a sus trabajadores, rematando con la confiscación de sus bienes y el despojo de la universidad a la Compañía de Jesús. Además, el Estado nicaragüense les canceló la personería jurídica y la orden religiosa, amén de que expulsó a los jesuitas de la residencia Villa Carmen, contigua a la extinta UCA.
Según informes de El Confidencial, un total de 26 universidades fueron eliminadas o confiscadas, incluyendo seis de origen extranjero, con hasta 62 recintos en todo el país. Aunque no existe un registro detallado de la matrícula estudiantil en las universidades privadas, se estima que al menos 37.091 estudiantes se vieron afectados por el cierre abrupto de estas instituciones.
La persecución y la reducción de espacios académicos obligó a muchas personas a abandonar su país en busca de oportunidades para desarrollarse académica y profesionalmente en el extranjero o centrarse en la búsqueda de empleo.
El informe Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas, elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, indica que al menos 605 mil 43 nicaragüenses han abandonado su país en los últimos 62 meses, un 9 % de la población total, debido a la represión estatal contra opositores, religiosos y críticos con el Gobierno de Daniel Ortega. Solamente desde la expropiación de la UCA, el pasado 17 de agosto, las autoridades informaron que más de 2.000 universitarios, que representaban un 40 %, aplicaron a las casas de estudio jesuitas de El Salvador y Guatemala.
Elthon no tenía un plan
Un ejemplo de migración forzada es el de Elton Rivera Cruz, quien cursaba el quinto año de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua (UNAN-Managua), cuando fue encarcelado, agredido físicamente y expulsado por atender a los heridos en las manifestaciones, además de participar en ellas.
Tras varios intentos fallidos de continuar sus estudios en universidades privadas, se vio forzado a cambiar de carrera y estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Paulo Freire (UPF) en Managua, donde logró establecer, en colaboración con la institución, el Programa de Continuidad de Estudios Superiores Prócer con el cual más de 50 estudiantes pudieron reincorporarse a la educación superior.
En 2022, el Gobierno nicaragüense, mediante la Asamblea Nacional, ordenó anular los permisos de operación de cinco universidades, incluyendo la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF).
Esto dejó a Rivera en el limbo a tan solo tres meses de finalizar su licenciatura en Ciencias Políticas. Por el temor a retaliaciones contra su familia y para resguardar su integridad, emprendió camino hacia Costa Rica en febrero de 2022.
“No tenía un plan específico ni una ruta trazada de dónde ir ni cuándo. Al confirmarme que la Policía Nacional preguntaba por mí en la universidad, no me quedó otra opción más que resguardarme”, cuenta Rivera Cruz, en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.
Una vez allí, lejos de casa, surgió la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN). Él es el presidente.
¿Qué es la IPEN?
La IPEN es una organización sin fines de lucro legalmente constituida en Costa Rica que se dedica a gestionar oportunidades de estudio, ayuda humanitaria y capacitar en liderazgo a los estudiantes víctimas de los hostigamientos políticos.
Asimismo, ofrecen asesoramiento y apoyo legal en colaboración con el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) a jóvenes que están en proceso de denunciar una violación a sus Derechos Humanos. Dicha alianza constituye un canal efectivo para presentar las denuncias ante instancias internacionales.
En su primer año, entregaron a más de 50 jóvenes estudiantes exiliados en Costa Rica ayuda humanitaria y facilitaron la obtención de becas internacionales gracias al Gobierno, la comunidad y las universidades de Rumanía. Este año, aproximadamente 12 chicos también partirán a Rumanía como becados.
“Seguimos invirtiendo esfuerzos en esta vía, pues aspiramos a que más países se sumen, no solo en Europa, sino también en América. Es fundamental que se materialice la cooperación entre países latinoamericanos”, expresa Cruz.
Como activista por los Derechos Humanos, reconoce que la comunidad internacional siempre demuestra su apoyo y condena los actos represivos, lo cual contribuye a aumentar la presión, así como a concientizar al mundo sobre lo que se vive en Nicaragua.
Sin embargo, igualmente se interponen trabas en su trabajo desde la IPEN. “Los desafíos económicos y la burocracia complican la apertura de oportunidades de estudio para los jóvenes. La gestión de becas y ayuda humanitaria requiere un gran esfuerzo y la respuesta internacional en esta vía ha sido poca”.
El que persevera alcanza
Elthon salió de Costa Rica en septiembre de 2022 para dirigirse a Rumanía después de haber obtenido una beca de estudios en la Universidad de Medicina, Farmacia, Ciencias y Tecnología George Emil Palade, donde hoy reside legalmente y goza de una experiencia académica que cataloga como enriquecedora.
Según él, su proceso de adaptación cultural se facilitó porque los locales son amables y hospitalarios con los extranjeros, por lo que aún y cuando existe la barrera del idioma, se siente cómodo.
Continuar su formación como médico en dicho país tomó tiempo, pues tuvo que investigar opciones, superar obstáculos logísticos y cumplir con los requisitos académicos y administrativos.
Esto no fue fácil, ya que la UNAN-Managua se negó a entregar sus registros académicos, lo que significa que no existía ninguna prueba que certificara que había estado en esa institución.
“Mi motivación para persistir a pesar de las adversidades fue la necesidad de cumplir mis sueños y la firme convicción de que la educación es una forma de resistir y prepararnos mejor para los desafíos del futuro en Nicaragua”, cuenta.
Desde su perspectiva, la realidad más dura que enfrentan quienes se exiliaron es la idea de saber que no pueden regresar a un país en el que dejaron familiares, amigos y proyectos personales.
Entonces les toca ser resilientes, mantener el contacto con sus seres queridos a distancia y establecer nuevos objetivos, sin dejar de apoyar de alguna manera el proceso de transformación democrática que esperan que llegue a Nicaragua más pronto que tarde.
Cruz se siente afortunado de finalmente poder completar la carrera que le apasiona, ya que sabe que es una oportunidad que lamentablemente no muchos logran. Precisamente por ello es que buscó darle sentido a su exilio forzado con la IPEN.
El mensaje que envía a quienes viven situaciones similares a la que él experimentó es, en primer lugar, que no se rindan en la lucha por hacer realidad sus sueños, porque la persistencia da resultados.
En segundo lugar, que se preparen en todos los aspectos, incluido el intelectual, para superar los desafíos del futuro, manteniéndose firmes en sus valores y luchando por la libertad y la justicia.
Finalmente, llamó a que no sientan que están solos, porque organizaciones como IPEN buscan constantemente abrirles las puertas a nuevas oportunidades.
“Todas las dictaduras caen. Hay que apartarse de las viejas prácticas de la política tradicional, fallida y dañina para nuestro país, y apuntar a un sistema diferente, nuevo y funcional, lo cual alcanzaremos indudablemente desde la educación”, sentencia.
Christy no pudo contener su indignación
Otro caso similar al de Elthon es el de Christy Melissa Martínez, cuya historia de exilio comenzó en octubre de 2021, justo antes de las elecciones presidenciales que terminaría ganando Daniel Ortega aquel año, en medio de denuncias de abuso de poder y fraude.
Al igual que Cruz, ella tuvo que abandonar su país para salvaguardar su vida debido al recrudecimiento de las represalias desde 2018 contra cualquiera que se pronunciara en contra de la administración de Ortega.
Martínez cuenta, en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, que estaba en su tercer año de Derecho en la UCA, formaba parte del movimiento estudiantil y se desempeñaba como defensora de la libertad académica y los derechos estudiantiles cuando estallaron las protestas en 2018.
Al ver que muchos de sus compañeros de lucha estaban siendo detenidos, optó por mudarse a Costa Rica.
El incidente que la impulsó a involucrarse en el activismo por los Derechos Humanos fue el incendio en la Reserva Indio Maíz. Al presenciar la negligencia estatal y cómo rechazaban la ayuda de otros países, no pudo contener su indignación.
La reserva, ubicada a unos 300 kilómetros de Managua, en la comunidad Siempre Viva del municipio San Juan de Nicaragua, se incendió el 3 de abril de 2018. A pesar de que se detectó el fuego en su etapa inicial y se emitieron las alarmas en cuestión de horas, pasaron tres días para que las autoridades gubernamentales desplegaran equipos de mitigación.
Durante 10 días de fuego, más de 5 mil hectáreas de bosque fueron devastadas, según reseñó el portal Mongabay.
Martínez simplemente sintió la necesidad de accionar frente a este caso y frente a las injusticias que se estaban cometiendo en las manifestaciones de 2018. Fue después de días, como el 19 y 20 de abril cuando estudiantes universitarios fueron asesinados a sangre fría solo por protestar, que decidió dar el paso para organizarse, denunciar las arbitrariedades y llevar a cabo una protesta con propuestas.
El impacto dentro y fuera de Nicaragua
El éxodo de la comunidad universitaria nicaragüense dejó un amargo rastro de desesperanza, frustración, preocupación y tristeza. La fuga de talentos inflige un severo golpe tanto en la profesionalización como en el futuro laboral y económico del país.
Christy Martínez subraya también el impacto psicológico que esta situación tiene sobre los jóvenes que se ven obligados a asumir trabajos en construcción, limpieza o en centros de llamadas. Si bien estas ocupaciones son respetables, distan mucho de lo que originalmente anhelaban hacer en sus vidas.
Al mismo tiempo, aquellos que optan por quedarse en Nicaragua se enfrentan a una incertidumbre constante, siempre a la espera de que sus instituciones educativas sean cerradas, sus planes de estudio sean alterados y su libertad de expresión sea restringida, lo que hace que las redes sociales se conviertan en su principal vía de desahogo.
La persecución política y el hostigamiento académico además impacta significativamente en la calidad de la educación en Nicaragua con la pérdida de profesores altamente calificados y críticos, individuos esenciales para la formación de una generación con valores éticos y morales.
Los centros de estudio han ido en declive paulatinamente. Docentes de carreras como Ciencias Políticas, Derecho y Relaciones Internacionales han sido los más afectados y algunas de estas carreras incluso cerraron.
David Gómez, director de la ONG Aula Abierta y docente universitario, sostiene que en Nicaragua se desarrolla claramente una política de Estado de reducción del espacio cívico.
“Los universitarios son vistos como actores críticos que, obviamente, molestan al régimen de Ortega, justamente debido a la producción del conocimiento y el pensamiento crítico, por eso se convierten en blancos de ataque, objeto de represalias y discriminación. En cualquier caso, el régimen quiere silenciar”, detalla Gamboa, en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.
Eliminación de los registros académicos
La incapacidad de obtener récords académicos completos y precisos es uno de los elementos que distinguen la opresión y revancha contra los universitarios que se oponen al gobierno de Daniel Ortega.
Aula Abierta ha documentado numerosos casos en los que se les retiene injustificadamente sus documentos y notas, se les niega la expedición de títulos o se les invalida sus logros académicos.
El director de la ONG enfatiza que estas acciones flagrantes violan los Derechos Humanos, específicamente los consagrados en los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, promulgados por la CIDH en 2021.
A su vez, significan una pérdida económica, de tiempo y de oportunidades educativas y profesionales.
Gómez plantea la posibilidad de que este asedio generalizado pueda ser considerado un tipo de afectación psicológica y, posiblemente, un crimen de lesa humanidad, ya que los estudiantes se convierten en víctimas de una estrategia gubernamental sistemática destinada a silenciar el pensamiento crítico y la disidencia.
“A la comunidad internacional le ratifico la idea de que los universitarios y las universitarias son sujetos que requieren especial protección internacional cuando estos critican o enfrentan a regímenes autoritarios”, expresa.
Gómez insiste en que sin universidades no hay democracia, puesto que atacar al conocimiento crítico es atacar, por ende, al desarrollo de las sociedades.
Con esto coincide Elthon Rivera, quien argumenta que la educación desempeña un papel fundamental en la transformación social y el futuro de Nicaragua, ya que empodera a las personas con conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar los desafíos y contribuir al desarrollo.
“Promueve la tolerancia, el pensamiento crítico y la diversidad de ideas, elementos esenciales para una sociedad libre, democrática y en constante transformación positiva”, añade.
Por su parte, Martínez hace un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que brinden apoyo a los jóvenes nicaragüenses en busca de oportunidades educativas y profesionales.
“Estudiar bajo el miedo, bajo un adoctrinamiento político, no es educación real”, dice Martínez. Por último, solicita que se proporcionen recursos y becas a los universitarios nicaragüenses e insta a las universidades extranjeras a considerar la apertura de aulas virtuales y a flexibilizar los procesos de admisión, reconocimiento de créditos y certificación académica para facilitar la transición de los estudiantes exiliados.
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