El Congreso de Perú declaró improcedente la denuncia contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte acusado por su presunta responsabilidad en masacres y ejecuciones extrajudiciales.
De esta manera, Dina Boluarte y su administración se libran de un juicio político y penal por la muerte de 45 personas. Las víctimas habrían sido ejecutadas en el marco de las protestas antigubernamentales.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta mayo de 2023 se han contabilizado el asesinato de 49 civiles. No obstante, también reportó la muerte de un efectivo de la Policía Nacional y seis militares.
Lo más grave es que también se ha reportado el asesinato de 8 menores de edad. Todos por impactos de balas y sin vinculación con las protestas.
A inicios del 2023, cuando se propuso enjuiciar a Boluarte, se contabilizaban 25 asesinatos y pese a las advertencias de órganos internacionales, la violencia estatal continuó.
La decisión del Congreso, que libera a Boluarte y otras personas de estos graves hechos, ocurre cuatro días después de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos presentara el informe Situación de los Derechos Humanos en el Perú.
En dicho documento, la CIDH asegura que las fuerzas del orden del Gobierno de Boluarte hicieron uso letal y desproporcionada de las fuerza.
Boluarte y sus funcionarios librados por el Congreso
Además, asegura que las muertes en masas constituyen ejecuciones extrajudiciales y masacres. Con la decisión del Congreso, fueron liberados de estos cargos el expremier, Pedro Angulo, el exministro de Defensa y hoy premier, Alberto Otarola, el exministro del Interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera, y el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta.
El Congreso desestimó las acusaciones contra el Gobierno de Perú con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.
Los actos fueron liderados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Boluarte y su administración eran acusados por homicidio calificado y lesiones graves.
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