Más de 40 niños quedaron sin casa y en la calle tras la ejecución de un desalojo en el sector Villa Guerrero, provincia de El Seibo en República Dominicana.
El sacerdote Miguel Ángel Pérez Gullón reportó a través del informativo Contacto Sur de ALER, que vecinos del sector Villa Guerrero, denunciaron cerca de las 6 de la mañana de este jueves 8 de septiembre que un contingente de policías y militares, armados y con palas mecánicas comenzó a destruir varias viviendas.
“La pala mecánica destruía todo a su paso, sin importar el sacrificio de quienes con su trabajo edificaron las casas, muchos de ellos con documento en mano. Los hombres también acabaron con los sembradíos”, dijo Pérez Gullón.
Irene Martínez, gobernadora de la provincia de El Seibo, dijo desconocer la medida. Los abogados del Estado hicieron caso omiso a la orden de la mandataria y continuaron ejecutando el desalojo y destrucción de viviendas.
“Acabo de enterarme. Yo estoy hastiada de situaciones como estas, no hubo notificación ni respeto a las autoridades”, dijo Martínez.
Lo que dice la Ley
En su reporte, el sacerdote citó la Constitución de ese país, que estable en su artículo 59, que: toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de vivienda y asentamientos humanos de interés social.
Sin embargo, abogados del estado dominicano hicieron caso omiso a lo establecido en la Constitución.
Los vecinos y el religioso denunciaron que esta medida favorece a empresarios que buscan construir en estos predios cadenas de hoteles, a costa de la destrucción de la naturaleza y familias.
“No hay legalidad ni justificación para que el Estado ejecute estas injusticias”, puntualizó Pérez Gullón.
