El abogado Raymond Orta, especialista en derecho procesal y tecnologías, alertó que cuando una persona es víctima de delitos informáticos y no presenta su denuncia, podría ser considerada como posible colaboradora de los delincuentes.
En una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, Orta explicó que el hackeo de cuentas de WhatsApp para ejecutar estafas por venta falsa de dólares o prestar cuentas bancarias para recibir fondos ilícitos, puede convertir al afectado en partícipe del delito, incluso siendo inocente. “Existen los delitos por acción, por omisión y por imprudencia”, recalcó.
Por ello, insistió en la importancia de denunciar cualquier delito informático ante el Ministerio Público o en la División contra Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El especialista señaló que para facilitar la investigación es fundamental presentar pruebas, como capturas de pantalla de mensajes, datos del dispositivo y la información del atacante. Incluso si la estafa no se llega a consumar, lo recomendable es suministrar los datos del presunto estafador a las autoridades.
Delitos informáticos penados en el ciberespacio
Raymond Orta recordó que en Venezuela, toda conducta en el ciberespacio está regulada por la Ley contra Delitos Informáticos que está vigente desde 2001.
Acciones como hackear cuentas, acceder a sistemas protegidos, cometer espionaje electrónico o difamar en entornos digitales están sancionadas.
Un chat de aplicaciones de mensajería puede ser usado como evidencia judicial, mientras que el hackeo mediante engaño constituye fraude informático y la pérdida de dinero por “phishing” (estafa de suplantación de identidad) se considera hurto electrónico.
El abogado advirtió que ataques al honor y la reputación, como insultos o descalificaciones en grupos de WhatsApp, o el envío de emojis, stickers o gifs ofensivos, también pueden derivar en sanciones penales.
“Usted tiene derecho a expresarse, pero en el momento en el que ataca a otra persona o a una institución, está traspasando la raya”, enfatizó.
Detalló que el Ministerio Público es quien dirige las investigaciones y puede solicitar evaluaciones con psicólogos forenses, considerando las versiones de la víctima y del presunto agresor.
“El riesgo aumenta por nuestra imprudencia”
Orta apuntó que muchas personas se exponen innecesariamente al revelar información personal en redes sociales, desde rutinas y familiares hasta datos que facilitan la creación de contraseñas. “El riesgo aumenta por nuestra imprudencia”, expresó.
Indicó que algunos países ya analizan prohibir que los padres publiquen fotos de sus hijos para proteger la privacidad de los menores.
Finalmente, recordó que los derechos tecnológicos regulan las interacciones electrónicas desde un marco constitucional, protegiendo el acceso a la información, el honor, la reputación y la validez probatoria de los documentos digitales.
Venezuela, aseguró el especialista, cuenta con tecnología avanzada, funcionarios capacitados y numerosos casos de personas ya condenadas o en proceso por delitos informáticos, además de sanciones relacionadas con delitos de odio cometidos mediante el uso de tecnologías.
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.
