Demandan al gobierno proteger derechos de niñas, niños y adolescentes de La Victoria de Apure

La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) emplazó este jueves 1 de abril, a través de un comunicado, al Estado venezolano que cumpla de manera inmediata con su obligación de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes de las poblaciones de La Victoria, Tres Esquinas, Arenales, El Ripial y Guafitas en la frontera del Alto Apure.

Destaca la Red que miles de niños en esa zona han sido afectados y desplazados como resultado del conflicto armado entre irregulares y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En ese sentido, las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia en Venezuela que suscribieron este pronunciamiento alertan que «Venezuela, al suscribir y ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, de su Protocolo Facultativo para la Protección de Niños en conflictos armados y de otros y tratados de derechos humanos, debe manejar con extrema precaución el enfrentamiento en la frontera con Colombia entre grupos armados irregulares y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».

Agregan igualmente que es deber del Estado venezolano «garantizar la protección de la población civil, brindando cuidados y asistencia especial a la niñez como población con mayor riesgo de ser víctima de daños, lesiones, extorsión, reclutamiento, secuestro, explotación sexual, represión, detención arbitraria, persecución y otras formas de violencia por parte de funcionarios, quienes pudiesen vulnerar, entre otros, su derecho a la vida, a la integridad personal, a un nivel de vida adecuado y a no sufrir separación de sus padres y familiares».

Dicen preocuparles las declaraciones del canciller venezolano Jorge Arreaza en las que revela que en esa zona fronteriza se han colocado minas antipersonas por parte de los grupos insurgentes que actúan fuera de toda ley. Y añaden a este sentir el hecho de que a esta operación militar le fuese incorporado un contingente de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la PNB, «en lugar de generar oportunidades para pacificar el lugar con medidas y acciones que promuevan el cese del conflicto y el retiro de los grupos armados irregulares actuando en el territorio».

En concreto la REDHNAA exige:

  1. Garantizar que la actuación militar y policial en la zona cumpla con la normativa de respeto de derechos humanos, así como la protección prioritaria de la población civil, específicamente de niñas, niños y adolescentes, y que cesen los operativos bélicos para perseguir y reprimir a la población residente de estas comunidades.
  2. Promover acciones a partir de las cuales sea posible plantear negociaciones que apunten al cese del conflicto armado en el menor tiempo posible.
  3. Crear los mecanismos seguros para el retorno de la población venezolana que ha huido con base en el derecho internacional humanitario y con respeto a su dignidad personal.
  4. Adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social de todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de esta situación.
  5. Exigir a las autoridades de Colombia cumplir con su mandato de protección internacional a los niños, niñas y familias que fueron desplazadas producto del conflicto armado y se les garantice el estatus de refugiado con los derechos y garantías que dicho estatus implica.