Este viernes 31 de marzo representantes de varias ONG de México anunciaron en rueda de prensa que introdujeron una denuncia penal en contra del Instituto Nacional de Migración, INM, ante la Fiscalía General de ese país por el caso del incendio el 27 de marzo en una estación migratoria de Ciudad Juárez, en el cual murieron 39 migrantes, de varias nacionalidades.
Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en Migración de México, explicó en la conferencia que además de la denuncia penal también presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Especificó cuáles son las violaciones «de derechos humanos que estamos denunciando» en ambas acciones y en las que exigen al gobierno de Andrés López Obrador que se lleven a cabo investigaciones reales y profundas en aras de preservar la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas.
La activista señaló en primer lugar que «la investigación hasta los momentos se ha enfocado en personas de guardia en la estación migratoria de Ciudad Juárez y estamos solicitando que las investigaciones se hagan hacia las personas responsables de las políticas migratorias», del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo la responsabilidad de Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.
¿En qué consiste la denuncia al instituto de migración de México?
En ese sentido, detalló que la denuncia penal consiste en demandar responsabilidades ante la detención ilegal de los migrantes así como el abuso de poder de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, «y la profunda corrupción con la cual se maneja» esa institución «que conlleva a este tipo de tragedias».
Igualmente están demandando que investiguen los casos de homicidio «porque el Instituto Nacional de Migración tiene la responsabilidad de cuidar a las personas custodia».
Ante la CNDH, sobre la que queja que consignaron, solicitan que se investiguen las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes en el contexto de redadas «ejecutadas en horas de la mañana y que resultaron en varias detenciones en la instancia provisional, lo que viola el derecho a la migración, a la libre circulación», apuntó Kuhner.
Otras vulneraciones
También en medio de estos operativos policiales a los migrantes se les violó el derecho a la igualdad ante la ley, a la protección estatal y a la no discriminación. «Y estos derechos se violaron cuando las autoridades detuvieron a los migrantes que estaban buscando sobrevivir en la ciudad, privarlos de libertad por pedir dinero para comer o sobrevivir en Ciudad Juárez».
Alertó que aunque la legislación internacional establece que la detención migratoria es la excepción y no la regla las autoridades mexicanas meten a las personas migrantes en estaciones migratorias y esto ha provocado que «la detención migratoria ha aumentado exponencialmente con ahora, aproximadamente, 62 estaciones migratorias con miles de personas detenidas al año».
A ello agrega que también se les vulneró el derecho a la comunicación «porque cualquier persona que está privada de libertad tiene el derecho de comunicarse con el exterior, con su consulado, con algún representante legal».
Sobre este último aspecto, la representante de IMUMI destacó que el derecho al debido proceso y a la adecuada y oportuna representación legal también les fue vulnerado a las víctimas, tanto a las fallecidas en el siniestro como a las que quedaron lesionadas. En definitiva, apunta, «se trata de garantizar la integridad personal, la salud y por supuesto la vida».
Finalizó indicando que igualmente se debió preservar el derecho a la dignidad. «Es el derecho que tiene todo ser humano de ser tratado con respeto, libre de discriminación y xenofobia». Kuhner cuestionó que en México se exacerbe el maltrato y la degradación «de seres humanos que sencillamente están buscando protección o mejores condiciones de vida desde los países de origen hasta los países de destino».
Recomendaciones y exigencias
Por su parte, la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo enfatizó en la rueda de prensa que junto a la denuncia y a la queja consignadas, demandan del Estado mexicano que se procure una alta atención médica y sicológica a los heridos, que se le garantice a las familias todas las condiciones para que viajen a México y puedan gozar de una estancia digna.
Del mismo modo, detalló que las víctimas tienen el derecho de quedar asignadas al Registro de Víctimas, amparadas en los derechos que contempla la Ley de Víctimas en México.
Exigió además, en nombre de las organizaciones demandantes, que hagan todos los exámenes forenses por peritos independientes y no de las instituciones mexicanas. Insistió en que no tienen ningún tipo de confianza en estos funcionarios públicos por las malas experiencias de casos anteriores, como la llamada masacre de los 72.
Delgadillo destacó que por lo menos la Fiscalía General de la República ya aceptó la asistencia técnica en este aspecto de una comisión especial de la ONU.
Finalmente remarcó que esperan que las investigaciones imparciales y debidas se lleven a cabo bajo el protocolo de Minesota.
En la conferencia también participaron representantes de organizaciones como 1 de 7 Migrantes AC, Asylum Acces México, Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción y del Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado que dirige el P. Prisciliano Peraza.
El dato de Venezuela
Según la información aportada por el Instituto Nacional de Migración de México, INM, en la tragedia perdieron la vida 7 migrantes venezolanos. Sin embargo, desde el Ministerio de Exteriores de Venezuela la respuesta ha sido el silencio. Apenas la cancillería publicó en sus redes sociales este jueves 30 de marzo que pone a disposición de los familiares un número telefónico y un correo electrónico.
— Embajada de Venezuela en México (@EmbaVenMexico) March 31, 2023
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