Familiares y vecinos de cinco productores agropecuarios de la población de Arichuna, parroquia Peñalver, municipio San Fernando, Apure, denunciaron este martes 30 de junio que efectivos del CONAS de la región han cometido detenciones arbitrarias y atropellos en su contra.
Eduardo Isaac Hernández López (ingeniero), Juan Evangelista Ramos Naranjo (médico veterinario), Luis Manuel Niño y su esposa Yusbelis Josefina Campos Pérez (quien está embarazada) además de Freddy Orlando Garrido (profesor jubilado), fueron detenidos el pasado miércoles 24 de junio al ser señalados como miembros de la banda «Alberto Caza», dedicada a la extorsión, secuestro, homicidio, sicariato, abigeato y contrabando en esta zona rural del municipio capital del estado Apure.
En una nota de prensa del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB de San Fernando, publicada este lunes 29 de junio, se lee que las cinco personas detenidas supuestamente se dedicaban a los hechos descritos mencionados anteriormente.
Agrega la nota que igualmente presuntamente, tras el supuesto secuestro y posterior asesinato de dos productores de la zona, exigían a sus familiares el pago de 20 búfalos a cambio de su liberación.
Pero esta versión oficial es totalmente rechazada por los familiares de las 5 personas.
Aunque no quisieron declarar a los medios regionales, las personas denuncian que estas acusaciones son infundadas y que por el contrario los 5 productores y otras familias de Arichuna han sido víctimas de los funcionarios militares por los allanamientos y robos que, según ellos, han practicado en casas y fincas de estos sectores productivos.
El abogado Félix González, defensor de los aprehendidos, aclara y desmiente la versión oficial.
Señala que los cinco ciudadanos»tienen su arraigo en la zona con más de 35 años como productores agropecuarios».
El jurista acota que la GNB Zonal 35 del estado Apure «pretende hacer que estas personas pertenecen a un grupo irregular de la guerrilla y eso no es cierto».
Habla en particular de José Garrido, uno de los acusados, que es un educador jubilado con una trayectoria de 35 años como docente en Arichuna «y aparece envuelto en esta situación catalogándolo como integrante de una célula de una presunta guerilla».
González aclara que en virtud de los reclamos de la comunidad este sábado 27 de junio integrantes del comando de la Zona de Defensa Integral número 31 del estado Apure para corroborar las denuncias de los habitantes de la localidad.
Ante las autoridades militares los ciudadanos de Arichuna expusieron que los funcionarios del CONAS habrían violentado sus casas y robados algunas de sus pertenencias como comida, ropa, herramientas de trabajo, bombonas de gas doméstico en los días en que hicieron las detenciones mencionadas.
El abogado denuncia que éste ha sido un procedimiento totalmente viciado por parte de las autoridades militares.
Llegan las incongruencias de las imputaciones
Por su parte, el Ministerio Público de la región diferenció las imputaciones a cada uno de los señalados.
A una persona se le imputó por el supuesto delito de contrabando. A otra persona se le acusa de porte ilícito de armas; mientras que a los cinco en conjunto se les imputa el delito de asociación para delinquir.
Este martes 30 de junio los detenidos serían presentados en horas de la tarde ante el Tribunal Segundo de Control, a cargo de la juez Rosmery Torres. Hasta el cierre de este despacho no se conocían los resultados de la audiencia.
En el pueblo de Arichuna, de unos 12 mil habitantes, la comunidad llevaba recolectadas una mil firmas hasta este martes por la tarde en apoyo a los detenidos.
Vale apuntar que Arichuna es una población rural del estado Apure, ubicada en la intersección entre el río Apure y el río Arauca. Es una zona de altísima producción agropecuaria de carne y leche.
Sin embargo, sus vías de penetración se encuentran en muy malas condiciones, incluyendo la carretera de 40 kilómetros que la comunica con la capital San Fernando.
Arichuna también es una de las poblaciones de Apure que presentan altos índices de pobreza y deficiencia de servicios públicos como agua potable, gas doméstico, electricidad y de salud.
