La abogada y defensora de derechos humanos Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, advirtió que el proceso de selección del defensor del pueblo y del fiscal general presenta fallas de transparencia.
Durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Louza señaló que, aunque la ley establece un lapso máximo de 30 días continuos para la designación —recientemente prorrogado por 48 horas—, no se ha publicado un cronograma detallado que permita conocer las etapas del proceso.
Indicó que tampoco se ha cumplido con fases clave, como el período de objeciones a los aspirantes, lo que impide que los ciudadanos ejerzan su derecho a impugnar o presentar observaciones antes de la designación definitiva.
Asimismo, explicó que no está claro si el proceso sigue abierto a nuevas postulaciones o si los aspirantes actuales no cumplen con los requisitos, en medio de versiones sobre falta de consenso tras el retiro de una de las candidaturas.
Requisitos fundamentales
Louza destacó que quienes ocupen estos cargos deben cumplir con condiciones fundamentales, como la independencia política y la reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el caso del defensor del pueblo, así como competencia jurídica en el caso del fiscal general.
Subrayó que el defensor del pueblo debe actuar de forma activa ante cualquier violación de derechos constitucionales, mientras que el fiscal debe enfocarse en la persecución de delitos comunes y no en acciones contra personas por motivos políticos o por el ejercicio de sus derechos.
Impulsar la amnistía
La experta también insistió en la necesidad de que tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo impulsen la aplicación de mecanismos como la amnistía, con el fin de lograr más liberaciones de personas privadas de libertad.
Además, recordó que la Defensoría del Pueblo tiene competencias para actuar ante fallas en servicios públicos y frente a detenciones arbitrarias, por lo que debe responder de manera inmediata ante este tipo de situaciones.
Finalmente, Louza reiteró que la falta de claridad en el proceso de selección afecta la confianza institucional, en un contexto donde es indispensable garantizar autoridades independientes y comprometidas con la protección de los derechos humanos.
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