El abogado y activista de derechos humanos Walter Márquez denunció en la mañana de este lunes 9 de marzo que tras cuatro años de espera la Corte Marcial no ha enviado a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial de Apure el expediente de la masacre de El Amparo, ocurrida en 1988.
Márquez acudió este lunes al despacho de la Corte de Apelaciones en San Fernando para preguntar cómo avanzaba este caso tras la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de que declinara del mismo la Corte Marcial, para que se le remitiera a esta instancia judicial en el año 2022. Allí, según contó, se encontró con la ingrata sorpresa de que el expediente del caso no ha sido enviado a la Corte de Apelaciones luego de cuatro años de lo decidido por una de las salas más importante del máximo tribunal del país, lo cual calificó como “un error inexcusable”.
Márquez dijo que este sonado caso que cumplirá 38 años de haber ocurrido, en el cual fueron asesinados 14 pescadores en el caño La Colorada de la parroquia San José de El Amparo, municipio Páez del estado Apure, ha pasado por varias etapas procesales.
Una de las que mencionó fue la del año 2016, en donde el TSJ anuló la sentencia de la Corte Marcial, “que pretendía absolver a los funcionarios implicados en estos donde hubo 14 muertos y dos sobrevivientes”.
Luego, durante ese año y el 2022 se produjo un conflicto de competencias penal entre la Corte de Apelaciones de Apure y la Corte Marcial, por lo que la Sala Penal del TSJ determinó que fuese la instancia judicial de Apure la que se encargara y decidiera sobre el caso.
En esa oportunidad, los únicos dos sobrevivientes de la conocida masacre, Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, acudieron junto a activistas de derechos humanos y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales a la sede del Ministerio Público (MP) en Parque Carabobo, Caracas, para exigir justicia 34 años después de lo sucedido.
Pinilla, uno de los pescadores que se salvó ese 29 de octubre de 1988, contó para Radio Fe y Alegría Noticias cómo se había llevado el caso a nivel jurídico, en el cual 14 de sus compañeros fueron asesinados en el caño La Colorada por parte de efectivos militares y policiales del Comando Específico José Antonio Páez (Cejap). Según él, a pesar de la reinante impunidad y de la lentitud del proceso, fueron “a Caracas a reclamar que se haga justicia 34 años después”, porque siguen confiando en la justicia venezolana “aunque no estamos conformes cómo se ha llevado en la corte”.
Para el también campesino de El Amparo, lo peor que ha pasado con este caso a nivel de tribunales es que “han dejado sueltos a los responsables de esta masacre”.
Márquez, quien también es exdiputado a la Asamblea Nacional (AN), señaló que lo único que tiene de conocimiento la Corte de Apelaciones es la información de la declinación de la Corte Marcial del caso por órdenes superiores. En la masacre están involucrados 14 exfuncionarios, entre policías y militares, algunos ya fallecidos.
Por ello, considera esta situación como un retardo inexplicable y un incumplimiento grave. “Lo importante es que este hecho no prescribe. Por eso voy a solicitarle por escrito, como representante de las víctimas, a la Corte Marcial el envío inmediato del expediente, que la Corte de Apelaciones de San Fernando solicite el expediente”.
Lucha por verdad, justicia y reparación
Márquez también anunció que remitirá la situación de este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con sede en Costa Rica, ya que no ha cerrado las investigaciones hasta no se cumplan por parte del Estado venezolano las reparaciones e indemnizaciones.
Aclaró que si bien se han cumplido con las indemnizaciones materiales y económicas a los dos sobrevivientes y a los familiares de los asesinados, “todavía falta por las reparaciones morales de los pescadores sobrevivientes que no fueron guerrillerosl”.
“Estamos luchando por la verdad, justicia y reparación, vamos a exigir celeridad procesal”.
Aseguró que en ese año ocurrió un crimen de lesa humanidad aunque en esa oportunidad no se calificó como tal debido a las primeras sentencias judiciales que colocaban el hecho como un enfrentamiento entre supuestos guerrilleros y efectivos del Comando Específico José Antonio Páez, Cejap.
Ley de amnistía “chucuta”
Para Walter Márquez, mantener la exigencia de justicia por este suceso a pesar de que va a cumplir casi cuatro décadas es sinónimo de que la persistencia da sus frutos, sobre todo cuando se trata de vulneración sistemática de derechos humanos y delitos de lea humanidad.
En esa perspectiva, opina que la actual ley de amnistía que se está aplicando en Venezuela es incompleta. “Esta es una amnistía chucuta, empezando porque se tiene que amnistiar a los militares. Si a Chávez y los otros cuatro comandantes no se les hubiese sobreseído, no existiese el chavismo”.
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