El colectivo popular de derechos humanos Surgentes se pronunció sobre la reciente Ley de Amnistía por la convivencia democrática sancionada y promulgada este jueves 19 de febrero.
La organización señaló que el instrumento legal es excluyente e insuficiente, ya que por un lado deja por fuera a detenidos por causas políticas como campesinos, dirigentes sindicales, extrabajadores y militares que en su momento fueron acusados de incitación al odio y otros presuntos delitos conexos.
“Al señalar de manera taxativa un conjunto de hechos ocurridos desde 1999, deja por fuera centenares de casos de personas judicializadas de manera arbitraria, que no entran en esos hechos. Entre ellxs, más de 200 trabajadorxs que fueron judicializados desde 2015: a) por reclamar derechos laborales, b) por expresar críticas, c) como retaliación por haber denunciado corrupción o, d) como chivos expiatorios de los verdaderos corruptos; todo lo cual ocurrió en un contexto de políticas favorables al capital y la derogación de facto de los derechos laborales. Hicieron pagar el precio de la crisis a los más pobres y, cuando protestaron, los reprimieron”, cuestionó Surgentes.
Agregan que también quedan excluidos de los beneficios de la norma al menos unos 50 campesinos que “fueron arbitrariamente judicializados, desde el mismo año, por luchar por su derecho a la tierra, en un contexto regresivo en donde el Estado se volvía a aliar con latifundistas para vulnerar este derecho. Trabajadorxs y campesinxs en lucha, son defensorxs de derechos humanos de los sectores populares, perseguidos y encarcelados por exigir sus derechos”.
Igualmente abogan por los más de 200 civiles y militares acusados de rebelión y otros actos violentos que tampoco serán amnistiados. “Sean ciertos o no los hechos por los que se les acusa, es claro que se trata de delitos de carácter político que una amnistía debería incluir, si el objetivo es “promover la paz social y la convivencia democrática”, como señala el artículo 1 de la Ley”.
Discrecionalidad en la decisión de otros casos
El colectivo de derechos humanos también advierte en su comunicado a la opinión pública venezolana que, a su criterio, la Asamblea Nacional desoyó la voz de los familiares y organizaciones de DDHH, “que exigimos una comisión de verificación, plural, con participación de los sectores afectados. Más allá de la Ley, Delcy Rodríguez (ayer mismo) le otorgó ese mandato, también, al Programa de Convivencia y Paz y a la Comisión de Revolución Judicial, generando con ello una alta discrecionalidad”.
En los dos últimos puntos de su posición, Surgentes señala que la Ley no reconoce políticas y contexto represivo, que crearon el problema, al apuntar que la arquitectura represiva que posibilitó que el conflicto social y político fuera sofocado con más de 11.000 personas detenidas en la última década (la inmensa mayoría de manera arbitraria), sigue intacta.
No repara los daños causados
Así como que el instrumento no abre puertas a la reparación de los daños causados, ya que no se especifica que ser beneficiario de la amnistía no implica el reconocimiento de ningún delito o falta; ni inhibe la posibilidad de exigir una reparación integral por la violación a sus derechos humanos en el marco de los procesos de judicialización, detención o sanciones administrativas que sufrieron, sino todo lo contrario.
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