El colectivo de derechos humanos Surgentes emitió un comunicado este domingo 4 de enero en el que condena los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en varias ciudades del país en la madrugada del sábado.
En primer lugar recalcan que “ningún supuesto delito de un ciudadano venezolano justifica un ataque militar en nuestro territorio por parte de una fuerza militar extranjera. Lo ocurrido la madrugada del 03.01.26 es una vulneración del deber de abstención del “…uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado” (Carta ONU, art. 2.4) y constituye un acto de agresión, en los términos señalados por la ONU”.
En ese tenor agregan que “esta agresión debe ser condenada por todo el país y por toda la región, independientemente de las posiciones políticas de los pueblos o sus gobiernos. Tolerarla, es legitimar un orden internacional basado en la ley del más fuerte, el uso arbitrario de la fuerza y la imposición de la voluntad e intereses de los países poderosos”.
Surgentes también exhorta a que se conozcan las cifras oficiales y reales de los fallecidos y heridos, tanto civiles como militares, tras los bombardeos que estremecieron toda Caracas, amaneciendo el sábado 3 de enero.
Señalan que “fuentes abiertas señalan la existencia de al menos 40 personas asesinadas, la mayoría soldados de bajo rango. Al menos una de las personas asesinadas, fue una civil, en Catia La Mar, como consecuencia del impacto de una bomba en un edificio residencial”.
También rechazan la pretensión que reveló el presidente de EEUU, Donald Trump, al indicar que sería un equipo suyo el que tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, estaría gobernando Venezuela durante un periodo de transición tampoco precisado.
Los activistas advierten que “esa lógica colonial, que reedita con violencia la Doctrina Monroe, es violatoria del derecho humano a la autodeterminación de los pueblos, consagrado en el artículo 1 común a los dos principales pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en los siguientes términos: “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales…”.
También cuestionan a los dirigentes políticos de oposición
En el comunicado, el colectivo interpreta que “este escenario catastrófico al que hemos llegado, es responsabilidad directa de las élites que dirigen los dos principales bandos del espectro político. Los Poderes Públicos se concertaron para vulnerar la voluntad de las mayorías el 28J de 2024, aniquilando la democracia e instaurando una sistemática violación de los derechos humanos de los sectores populares y las diversas oposiciones. La oposición liderada por MCM pidió, celebró y facilitó la injerencia de EEUU y la actual agresión militar contra el país. Ambas elites, están dispuesta a entregar la soberanía y recursos naturales a cambio de mantener el poder o acceder a él. Ni EEUU, ni el gobierno de facto, ni la oposición proimperialista representan los intereses o derechos del pueblo venezolano”.
Finalmente piden respetar los derechos civiles de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ya que aseguran que ambos “fueron detenidos de manera arbitraria (secuestrados por una fuerza invasora), trasladadxs violando su integridad personal y serán procesados en un juicio evidentemente amañado, con testigos interesados que negocian su propia libertad o reducción de su condena, por hechos que no se corresponden con los análisis especializados de la ONU sobre el comportamiento del narcotráfico en la región”.
De igual manera demandan a las partes en conflicto dentro del país a recurrir al principio de la negociación en aras de restituir la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Explícitamente exponen en el escrito que “el secuestro de un presidente no está contemplado como una de las faltas absolutas explícitamente señaladas en el artículo 233 de la Constitución. Constituye, por tanto, una falta temporal (art. 234). En ese caso, el artículo 233 establece que procede la suplencia de la Vicepresidenta, hasta por 90 días, luego de los cuales la Asamblea Nacional puede decretar la falta absoluta y convocar a una elección presidencial en los 30 días siguientes. El fraude del 28J es una herida abierta para el pueblo venezolano y solo se puede cerrar haciendo valer los resultados del 28J (lo cual requeriría un improbable acto de fuerza) o convocando nuevamente a la soberanía popular (por lo que apostamos), en el marco de una negociación política entre los actores que son los principales responsables de nuestra catástrofe; así como de otras organizaciones políticas y sociales que expresen los derechos e intereses de los sectores populares”.
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