Prohibición al acceso de la salud, medicinas, ingreso de alimentos que llevan los familiares, recibir visitas de sus abogados, “abuso de autoridad”, manipulación de los expedientes penales en los procesos judiciales, son alguna de las presuntas irregularidades que padecen los procesados de los centros penitenciarios del estado Mérida, según lo denuncian familiares, abogados de procesos penales y defensores de derechos humanos.
Enyer Puertas, abogado de procesos penales ydefensor de derechos humanos explicó que en el Centro Penitenciario de la Región Los Andes (Cepra), los privados de libertad tenían, a su juicio, “prohibido” recibir visita de sus abogados de confianza.
Explicó que en el caso del Cepra surge esta medida cuando ocurren cambios de autoridades que asegura “violan los derechos procesales y humanos” de los privados de libertad.
“Todo esto ha sido un reto que han tenido que enfrentar los familiares y nosotros mismos como defensores ante un sistema de justicia que aparentemente está modificando su procedimiento y actuación pero que queda en el papel como letra muerta debido a que no ocurre en la práctica, cada vez que llega un director cambian las reglas, los horarios y todo el formato de atención a los familiares y abogados”, aseguró Puertas.
Por su parte, Luz Marina Manrique, familiar de uno de los privados de libertad denunció que durante la audiencia realizada el día 26 de noviembre el expediente refleja otra versión de los hechos de cómo sucedieron en realidad.
Reveló que su hijo lleva encarcelado seis años y que existe un “retraso procesal”, afirma que ya está cansada de tantas violaciones a los derechos humanos.
“La última audiencia que tuvimos el día 26 de noviembre trajeron un funcionario que dice que tiene conocimiento de su trabajo como investigador pero cuando el agarró el expediente y empezó hablar yo dije ¿Dios mío por qué tanta injusticia e irregularidad? Como es posible que un funcionario vaya a venir a decir que al privado de libertad lo detienen en un allanamiento en su casa donde eso no fue así, cuando hicieron ese allanamiento ya tenían a mi hijo detenido”, aclaró la madre del privado de libertad.
Infanticidio y evasión de violencia de género en Santo Domingo
Venus Faddoul, directora de 100% Estrógeno, mencionó que esta ONG sigue visibilizando el caso de Naibelis Verónica Noel, de 23 años de edad, quien lleva dos años detenida en el Centro Penitenciario Región Los Andes (Cepra).
Es acusada por no impedir que su pareja Teodoro González asesinara a golpes el pasado 17 de agosto del 2019 a su hijo de 17 meses, aún lactante.
Faddoul aseguró que el caso de Naibelis Noel, quien es oriunda de Cabudare, estado Lara, y vive en la población de Santo Domingo del páramo merideño con Teodoro González, evidencia que la joven era víctima de violencia física, sexual y psicológica por el hombre.
“Ha sido sometida al escarnio público cuando la detuvieron simplemente por el simple hecho de ser la mamá sin tomar en cuenta ningún factor por la situación que atravesaba, obviaron la situación de violencia de género por completo”, comentó Faddoul.
La directora de 100% Estrógeno en la entidad precisó que aparte del infanticidio al mismo tiempo Naibelis era sometida por González a malos trato, secuestro y tortura cuando vivía con su pareja en el Sector Moruco Alto, calle Piedrota de la población de Santo Domingo, municipio Cardenal Quintero de Mérida.
“La tenía sometida a un estado de secuestro, malos tratos, tortura, ahora ella está enfrentando un proceso jurídico por la muerte de su propio hijo, se le está acusando del delito de comisión por omisión de la muerte de su pequeño a pesar de que el sujeto asumió la responsabilidad del hecho, un sistema de justicia misógino y prejuicioso la involucra a ella en el hecho sin ninguna prueba y testigo”, mencionó Faddoul.
De acuerdo a la investigación realizada por Crónica Uno, en la audiencia preliminar le imputaron a Naibelis el delito de comisión por omisión y presuntamente podría tener una condena de hasta 30 años de cárcel.
Mientras que a Teodoro González, declarándose culpable del atroz crimen, deberá pagar una pena de 15 años de prisión.
