Denuncian uso de las vacunas como método de extorsión en Venezuela

“Como organizaciones de la Sociedad Civil venezolana queremos hacerle llegar nuestra inquietud ante las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país, muy especialmente, a los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios, en el marco del COVID-19″, comienza el escrito que firmaron 40 organizaciones venezolanas.

El documento suscrito por estas organizaciones civiles de Venezuela fue entregado ante la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Las organizaciones firmantes consideran que en Venezuela existe una discriminación, lo que constituye una violación de derechos humanos. Uno de los hechos más elocuentes que refieren en el texto, es lo ocurrido en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, cuando se les exigió carnet de la patria a los personas de la tercera edad y personal sanitario como un requisito imprescindible.

Este hecho fue inmediatamente denunciado con fotos y videos, y es uno de los argumentos que sustentan la denuncia de las cuarenta organizaciones ante la oficina de Bachellet.

De acuerdo con el documento firmado por las 40 organizaciones, lo que ocurre con la vacunación restringida contra la COVID-19 en Venezuela no constituye la primera experiencia. Hay otros antecedentes.

 “El 7 de septiembre del 2017, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el vicepresidente de la República en ejercicio, Tareck El Aisami, declaró: ‘Se han administrado más de 2 millones de vacunas a 1 millón de personas, esto por el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos de vacunación en todo el país, así que, si usted o un familiar necesita una vacuna, de manera gratuita, con el carnet de la patria se le suministrará la vacuna’. Esta medida fue suspendida luego de que la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela rechazara tales declaraciones y enviara comunicaciones al mismo vicepresidente, al Defensor del Pueblo y a la Opinión Pública Nacional en las que les solicitaba desistir de la implementación de la medida anunciada”, se lee en el texto.

Otra grave denuncia es que el parte del personal sanitario que está en el grupo primario de priorización ante su alta vulnerabilidad no está vacunado.

Un dato que demuestra la alta vulnerabilidad del personal sanitario es el publicado por la OPS el 9 de febrero de 2021. De acuerdo con estos registros, el índice de letalidad por COVID-19 es de 7,21%, lo que representa el 14,5 veces como promedio del total del personal sanitario entre los países del continente americano.