La Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia presentó este martes 1 de junio el informe correspondiente al año 2020 sobre la situación de los derechos humanos en la entidad. La conclusión es impactante: la calidad de vida de los zulianos sigue deteriorándose con creces por la vulneración de sus derechos fundamentales.
Como han hecho en los últimos años dividieron la dimensión de los derechos humanos en cinco categorías: la primera, describe el panorama general de la situación de la región durante el primer año de pandemia. La segunda, sobre los derechos a la integridad personal, la vida y seguridad ciudadana.
La tercera categoría versa sobre la emergencia humanitaria compleja. La cuarta sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y la quinta se refiere el derecho a la educación y los derechos ambientales.
Un reto en todos los sentidos
Así tituló CODHEZ este nuevo informe que recoge el trabajo de monitoreo y su posterior sistematización consistente en registrar los niveles y alcances de los derechos humanos violentados.
Al repasar la primera categoría, el Zulia en pandemia, la Comisión concluye que la aplicación de las normativas tendentes a la restricción de movilización con el pretexto de controlar las cadenas de propagación constituyó un abuso por parte de las autoridades regionales y municipales hacia los ciudadanos.
En concreto, hablan de que «la incongruencia en datos e informaciones oficiales sobre el alcance de las medidas, así como el desconocimiento y la falta de preparación de los funcionarios, se han traducido en abusos».
Igualmente destacan las decisiones como la prohibición absoluta del suministro de gasolina a la población en general, sin garantizarlo siquiera a personal de salud y personas que necesitan atención médica, resultaron desproporcionadas y solo contribuyeron a prácticas de corrupción y mayor caos».
La afectación al trabajo periodístico también salió afectado al reportarse situaciones que vulneraron «el derecho a la información por restricciones y censura al trabajo periodístico, potenciando la incertidumbre propia de circunstancias como las actuales».
Medidas inconstitucionales e improvisadas
Este apartado lo complementan al advertir que los decretos de alarma y otras normativas particulares tanto de la gobernación del estado Zulia como de la alcaldía de Maracaibo, dictados en marzo de 2020, han resultado ser «inconstitucionales, improvisadas, imprecisas, contradictorias y caóticas», por vulnerar, entre otros derechos, la libertad de tránsito y el derecho a la alimentación.
En cuanto al decreto nacional de emergencia sanitaria destaca que la medida contemplaba la obligación de todos los centros de salud de adecuar sus protocolos a los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud que debían hacer un inventario de los medicamentos
usados en la actualidad en otros países para tratar la enfermedad epidémica, garantizando —en conjunto con los ministerios con
competencia en comercio interior y exterior, industrias y finanzas— la producción de medicamentos esenciales para hacer frente a los brotes del virus, en sus denominaciones genéricas, priorizándose la importación de medicamentos e implementos para su diagnóstico y tratamiento.
Sin embargo, y adelantándose a la cruda realidad el Colegio de Médicos del estado Zulia emitió un pronunciamiento al hacerle un llamado a las autoridades por el estado de “postración” en que se encuentran los hospitales de la región, alertando sobre la pretensión de obligar a los médicos y demás personal de salud a “atender a los pacientes sin la debida y ordenada protección, según las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
El tiempo y las circunstancias lamentablemente le han dado la razón al gremio. El Zulia es una de las entidades donde han muerto más profesionales contagiados por la COVID-19, con más de 90 hasta mayo de este año.
Por otro lado, las condiciones de los hospitales centinelas y otros centros ambulatorios para albergar a pacientes de COVID-19 se encontraban en una real situación de calamidad y en consecuencia salía vulnerado también el derecho a la salud en los términos de asistencia inmediata y completa.
Inseguridad alimentaria
También en este capítulo del Zulia en la pandemia el equipo de CODHEZ refleja las arbitrariedades de otros decretos regionales que se convirtieron en amenazas concretadas en la mayoría de los casos en contra de ciudadanos que usaban el transporte público para trasladarse a sus sitios de trabajo así como la prohibición de venta de combustible para particulares y que no pertenecían a los llamados sectores esenciales.
Igualmente el servicio de transporte público hacia zonas fronterizas también sufrió severas restricciones al punto que en muchos de los casos también se impidió el traslado de pacientes desde los municipios Mara, Páez y Guajira a centros de salud de Maracaibo, la capital.
Desde el inicio de la contingencia por la pandemia, Codhez ratificó su exhorto al Estado venezolano para que garantizara el acceso y la disponibilidad de alimentos adecuados y suficientes para los habitantes de la región zuliana, advirtiendo que de lo contrario, la inseguridad alimentaria se agravaría aún más debido a las restricciones.
En el caso particular de la Guajira la situación ha sido aún más abrumadora, debido a peores condiciones de pobreza y deficiencia en la prestación de servicios básicos, requiriéndose de ayuda directa.
Alimentos como carnes, queso, huevos, leche y plátanos, en Maracaibo, por ejemplo, presentaron retrasos en la cadena de distribución. Para el 18 de marzo de 2020, el presidente de la Sociedad Civil Ganaderos de Machiques (Gadema), Paúl Márquez, afirmaba que estaban “muy preocupados con esta situación. Ya hay supermercados que no tienen proteínas, carne, queso, huevos. Y es muy preocupante, porque aparentemente ayer en Maracaibo hubo dos conatos de saqueos en El Varillal y Mercamara”.
Además, señalaba que los productores de plátanos “no hallan cómo traerse el plátano porque todos los accesos están cerrados… Por ejemplo, de Mérida vienen las verduras y eso no va a llegar… En cuatro días ya no habrá verduras en el Zulia, todo se está empezando a complicar».
Pacientes con enfermedades crónicas
Preocupante situación es la vivida por las personas con enfermedades crónicas que requieren de sucesivos tratamientos —hasta de forma interdiaria— para conservar su salud, quienes se vieron perjudicadas por la imposibilidad de traslados hacia los centros de salud especializados, ello como consecuencia de la prohibición de acceso a la gasolina para la población y las restricciones de transporte público en la región.
La Comisión denunció esto de forma reiterada, pues como se planteó desde el inicio de la cuarentena social y colectiva, resultaba un contrasentido aplicar medidas de confinamiento y distanciamiento social para prevenir la propagación de una enfermedad, y que esas mismas medidas configuraran obstáculos para un grupo de personas que requieren, por razones también de salud, asistencia priorizada.
En la siguiente entrega presentaremos los otros 4 capítulos referentes al derecho a la vida, seguridad alimentaria, derechos de los pueblos indígenas y derechos educacionales y ambientales. Además de las recomendaciones que hace CODHEZ al estado venezolano para mejorar ostensiblemente esta situación.
