Ariana Granadillo solo cometió un delito: ser hija del primo segundo de un coronel a quien el gobierno percibía como un oponente político. Esto fue suficiente para que funcionarios del Estado, según ella específicamente de contrainteligencia, se la llevaran en dos ocasiones.
Su historia está documentada en un informe del Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, el cual fue difundido por The New Yortk Times.
La primera vez que cometieron una desaparición forzada –término legal para este tipo de detenciones– contra ella fue en febrero de 2018, cuando vivía en la casa del coronel en Caracas. Los agentes se la llevaron tanto a ella como a su prima para someterlas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Dentro de un edificio la empujaron a un baño y la amenazaron con una navaja mientras le preguntaban por la ubicación del coronel. En el lugar había música con alto volumen, pero a veces baja “lo que permitía en momentos escuchar los gritos de otras personas a las que evidentemente se les estaba torturando”.
Días después los agentes la obligaron a firmar un documento “en el que prometíamos no divulgar todos los abusos” y la dejaron irse.
Pero el terror no terminó ahí.
A Granadilo, estudiante de medicina para ese entonces, la fueron a buscar de nuevo tres meses después. Esta vez se la llevaron junto a sus padres en un taxi sin placas y con vidrios polarizados. Después de golpearla en reiteradas ocasiones, pasó la noche en una celda bajo unas escaleras.
“Nos recalcaron que nadie sabía ni siquiera que estábamos secuestrados”, dijo Granadillo.
Uno de los tantos métodos de tortura que utilizaron se trató de que un agente, sin mediar palabra, sacó una bolsa del puño y la colocó en su cara; otro aguantaba sus piernas y, sus manos, detrás de su espalda, no se podían mover; sentía como se asfixiaba.
Siete días después, los oficiales la dejaron a ella y a sus padres en un camino de Caracas. Tras lo sucedido no se lo pensaron dos veces y huyeron del país. Hoy viven en un pequeño pueblo de Colombia.
Granadillo afirma que extraña “la inocencia” con que veía el mundo antes de estas torturas, pues después de ellas “descubrí una maldad en el ser humano que no sabía que existía”.
De acuerdo al informe del Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights, las detenciones secretas o “desapariciones forzadas”, juegan un papel central en los esfuerzos cada vez más autoritarios del gobierno de Nicolás Maduro para controlar a su población, desalentar a la disidencia y castigar a sus oponentes.
