Casi 10 mil personas siguen en procesos penales por razones políticas, denunció el abogado Gonzalo Himiob, durante el foro Vidas Detenidas, organizado por Amnistía Internacional.
Desde el año 2014, el Foro Penal venezolano documento 15.803 detenciones arbitrarias. Todas por razones políticas, la organización denuncia que es una practica sistemática del Estado venezolano.
El abogado, representante del Foro Penal detalló que, al día de hoy 282 personas siguen presas por motivos políticos, que 156 no han sido condenadas y que 126 si tienen una sentencia de algún tribunal. De este grupo, 113 casos ya excedieron el tiempo establecido por el Código Orgánico Procesal Penal para investigar y emitir sentencia, sin embargo, estos ciudadanos siguen en presión preventiva.
Detenciones y razones políticas
El abogado Himiob denunció que los procesos judiciales no tienen sustento jurídico, reiteradamente no se presentan pruebas. En algunos casos se presenta solo un acta policial como prueba.
De igual forma, el también defensor de Derechos Humanos habló de la utilización “como comodín” de la Ley Contra Odio y de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.
Arrestos violentos y violación de Derechos Humanos
El monitoreo del Foro Penal identificó que en la mayoría de los casos de arrestos arbitrarios por razone políticas se evidenció uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
De igual forma, en el caso de las mujeres, al ser arrestadas sufren violencia sexual o amenazas de abuso sexual.
Durante el año 2014, por ejemplo, los jóvenes que participaron en protestas contra el gobierno eran reducidos por las fuerzas policiales y agredidos.
Desapariciones y tortura
Otros elementos que destacó el abogado Gonzalo Himiob sobre lo que ocurre en el marco de las detenciones arbitrarias son la tortura y las desapariciones.
En el primer caso, la Organizaciones de Naciones Unidas ya denunció en el año 2017 que los detenidos sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los detenidos que más sufren tortura son los funcionarios militares.
En el segundo, las autoridades se niegan a informar el paradero de una persona por horas o días. Los abogados y las familias deben visitar varios centros de detención, carteles, cuarteles militares o dependencias del Estado para encontrar a los detenidos, denunció Himiob.
El abogado también denunció que “ningún centro de reclusión en el país cumple con las condiciones mínimas para el tratamiento de reclusos”.
Puedes ver el foro Vidas Detenidas organizado por Amnistía Internacional aquí:
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