Destituyen a jefe de la policía de Madrid que investigaba gestión del Coronavirus

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El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, destituyó este lunes al comandante de la Guardia Civil en Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, argumentando «pérdida de confianza».

Pérez de los Cobos cumplía con una investigación ordenada por la juez Carmen Rodríguez Medel, del juzgado 51 de Madrid, sobre la actuación del ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La polémica investigación se centra en las manifestaciones contra la violencia de genero del 8 de marzo de 2020. Según algunos informes, ambas autoridades prohibieron la celebración de un congreso evangélico programado para esos días para prevenir la propagación del Coronavirus y, sin embargo, dieron el visto bueno a la manifestación.

Cacerolazos en Galapagar

Según reseña el diario español El Mundo, la destitución también respondería a las inquietudes de algunos ciudadanos y funcionarios de la Guardia Civil sobre lo que consideran un «despliegue excesivo» de agentes de seguridad alrededor de la vivienda del vicepresidente de gobierno, Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El despliegue en torno a la vivienda de los funcionarios aumentó considerablemente luego de que ciudadanos españoles organizaran marchas y cacerolazos en la calle frontal de la residencia.

Aunque no se concentraban ni bloqueaban el tránsito, decenas de ciudadanos españoles marcharon en varias ocasiones por la calle tocando sus cacerolas y exigiendo la dimisión del gobierno.

Debido a la frecuencia de esas acciones, Diego Pérez de los Cobos ordenó reforzar los cordones de seguridad y «evitar daños a la finca, incluido pintadas, o la colocación de cualquier otro elemento en el vallado/muro exterior, calles circundantes o aledañas (pancartas, cartelería, banderas o cualquier otro elemento físico que contenga simbología, reivindicaciones, reclamaciones, etc.)».

El despliegue llegó a contar con hasta seis vehículos del cuerpo armado frente a la residencia, quienes prohibieron el paso por la calle a ciudadanos que no fueran residentes del área.