Los detenidos en el marco de las movilizaciones ciudadanas en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio están en un “hacinamiento crítico”, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
“Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos denunciado continua y sostenidamente el hacinamiento crítico en las cárceles de nuestro país, por lo que este tipo de prácticas inconstitucionales se han vuelto ley para el régimen y atentan contra las garantías judiciales establecidas en nuestra Carta Magna”, reseñó la organización en su página web.
Ninguno de los detenidos han sido objeto de evaluaciones médicas ni psicológicas. Algunos de ellos sufren algún tipo de patología y no reciben atención médica.
El acceso al agua potable es una de las severas limitaciones dentro de las cárceles y los detenidos en las movilizaciones sufren de ello todos los días. De acuerdo con el OVP, “el acceso al agua potable en los recintos penitenciarios es nulo o lo poco que les llega no es apto para el consumo ni para asearse”.
Dentro de las cárceles, los detenidos de manera arbitraria no consumen ningún tipo de proteína, un nutriente esencial para el cuerpo. Por lo contrario, consumen granos, arroz o arepas sin relleno.
Por otra parte, aquellos que están dentro de los calabozos policiales, son obligados a compartir celdas totalmente hacinadas e insalubres. Los detenidos deben hacer sus necesidades en bolsas o potes plásticos mientras duermen en el suelo.
En noviembre de 2023, el OVP ya denunció que el hacinamiento carcelario supera el 300 % de la capacidad de las infraestructuras.
OVP denuncia detenciones arbitrarias y opacidad
La opacidad de la información por parte del Gobierno venezolano también está a la orden del día. En casi todos los casos no se sabe con certeza el motivo de la detención, tampoco la cantidad de aprehendidos.
Otros de los aspectos más preocupantes son los trasladados a centros penitenciarios y la cantidad de jóvenes enviados a centros de atención de adolescentes.
El OVP también denunció que a los detenidos en algunas regiones de Venezuela los trasladan a la ciudad de Caracas. Esto lo harían sin explicación y sin que sus familiares sepan a dónde dirigirse.
Son más de 1.500 personas detenidas, según han podido verificar distintas organizaciones no gubernamentales, aunque según el propio Ministerio Público son más de 2.000 personas tras las rejas.
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