En medio de una ola de intoxicaciones en instituciones educativas venezolanas reportadas en estados como Barinas, La Guaira, Aragua y recientemente en el estado Trujillo, con más de 10 menores afectados, Gloriana Faría, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, alertó sobre la urgencia de abordar estas situaciones desde la prevención, el diálogo y la educación digital.
Faría explicó, en el programa Aunque Usted No Lo Vea de Radio Fe y Alegría Noticias, que los casos registrados desde noviembre de 2024 se han dado por diferentes motivos, como el uso de perfumes en el estado Barinas, gomitas con sustancias estupefacientes en el estado La Guaira y una sustancia desconocida, además de un polvo que fue esparcido por unos estudiantes, en Aragua.
La experta enfatizó en dos ejes fundamentales para abordar esta problemática. En primer lugar, destacó la importancia del diálogo familiar. Por otro lado, señaló que los integrantes de las familias deben formarse en el uso de las nuevas tecnologías para orientar adecuadamente a sus familiares.
Aclaró que si bien es cierto, los niños, niñas y adolescente nacieron en una era tecnológica, no tienen herramientas para protegerse del riesgo que implica el uso de estas nuevas tecnologías, como lo son las redes sociales.
“No es no dejarlos ir a fiestas, es enseñarles a protegerse para que puedan estar seguros”, detalló.
Igual con las redes sociales: no se trata de desconectarlos, sino de guiarlos como familia en el uso de estas herramientas, señaló.
Faría explicó que muchos adolescentes buscan la aprobación social a través de likes y seguidores en redes sociales, lo que puede llevar a comportamientos riesgosos. Este fenómeno está relacionado con la dopamina, que se libera al recibir interacciones positivas en redes sociales. Por ello, es crucial fomentar espacios de conversación donde los adolescentes puedan expresar sus inquietudes y comprender la importancia de sus acciones sobre las consecuencias de sus actos y la responsabilidad que conllevan.
Sobre esto último, enfatizó la importancia de que los padres se formen en el uso de las nuevas tecnologías y destacó la existencia de tutoriales a través de plataformas como Youtube, o la información que pueden brindar Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
También mencionó la existencia de herramientas como Google Family Link, que permiten monitorear aplicaciones y tiempos de conexión, pero subrayó que esto no sustituye la comunicación directa de los padres hacia los hijos.
Además, recordó los riesgos invisibles: detrás de una plataforma o una red social, puede haber trata de personas e incluso exposición a la pornografía. Además de la captación de los datos personales para introducirlos en plataformas ilícitas.
Sobre los retos virales
«El Cicpc habla de que probablemente pueda ser debido a retos virales de Tiktok, pero hasta los momentos no hay certeza», opinó.
Sin embargo, subrayó la necesidad de crear espacios de diálogo con los niños, niñas y adolescentes e indagar las razones por las cuales ocurren estas situaciones para determinar si son consecuencias de los llamados restos virales.
Faría recordó que los adolescentes, a partir de los 14 años, tienen responsabilidad penal por daños causados a terceros. Insistió en que, pese a las responsabilidades contempladas en la ley, se debe investigar las causas o las razones por las cuales muchos niños, niñas y adolescentes incurren en estas prácticas.
Un uso adecuados en las aulas
Por otro lado, resaltó el rol de las escuelas como espacios protectores.
Faría señaló que el currículo escolar actual en Venezuela carece de contenidos sobre educomunicación. A pesar de que otros países están avanzando en legislación en este ámbito, en Venezuela la ley de delitos informáticos es la única que menciona estos temas. Sin embargo, promulgar leyes no es suficiente: es vital acompañar estas iniciativas con formación adecuada para docentes y estudiantes, resaltó la experta.
No se puede satanizar, por el contrario, debemos buscar el uso adecuado en las aulas a esas herramientas digitales. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la legislación, la protección de los jóvenes depende de un equilibrio entre educación, diálogo y las herramientas prácticas.
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