El Tribunal Penal de Primera Instancia en Funciones de Control del estado Nueva Esparta dictó el 14 de agosto prohibición de salida del país a Justiniano Antonio Mata Ortiz y a Eliennys de Jesús Bellorín Indriago, funcionarios de la Alcaldía de Maneiro, por estar presuntamente incursos en tres delitos penales.
De acuerdo a una nota de prensa enviada al equipo de Radio Fe y Alegría Noticias, la instancia también les impuso un régimen de presentación cada 30 días ante la Oficina del Alguacilato.
El Tribunal halló que estas personas están involucrada en los delitos de Falsa Atestación o Declaración de Funcionario Público, Acto Arbitrario Agravado en Grado de continuidad y Acto arbitrario agravado en grado de complicidad necesaria, previstos en el Código Penal vigente y en la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.
La decisión la firmó la Juez Provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control, Neryalis del Valle Salazar.
Mata Ortiz ejerce el cargo de director de Desarrollo Urbano mientras que Bellorín Indriago se desempeña como Ingeniera jefa de Fiscalización e Inspección adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía.
El caso
En abril de este año, varios medios de comunicación reseñaron que el empresario Rómulo Soto, representante legal de la Constructora y Sistemas Internacionales Cosint, C.A. denunció ante la fiscalía del Ministerio Público del estado Nueva Esparta a Mata y a Bellorín.
Posteriormente, el Ministerio Público imputó a ambos funcionarios por los delitos de Retraso u Omisión Agravada Intencional de Funciones. De igual manera la fiscalía del estado Nueva Esparta los imputó por el delito de Falsa Declaración de Funcionario Público.
Los expedientes señalan que a Bellorín la investigan por la presunta falsificación de informes técnicos a efectos de otorgar o negar la conformidad de uso de un local comercial propiedad de una víctima.
En ese sentido, según las investigaciones hechas por el Ministerio Público, Bellorín usando su profesión de ingeniería y cargo elaboró y suscribió un informe técnico mediante el cual recomendó al director de la Alcaldía, no otorgar la conformidad de uso que solicitó la víctima.
Luego, en mayo de 2021, Bellorín suscribió otro informe técnico mediante el cual recomendó a Mata Ortiz que efectivamente otorgara la conformidad de uso sobre uno de los locales comerciales propiedad de la víctima.
A la espera del acto conclusivo
“No obstante, Justiniano Antonio Mata Ortiz, valiéndose de su cargo ejecutó un segundo acto administrativo basado en el informe técnico del cual ya se hizo referencia. Este acto no contó con la inspección técnica previa y además se elaboró con falsos supuestos”, señala la nota de prensa.
El empresario Rómulo Soto, al efectuar la denuncia, solicitó formalmente la prohibición de salida del país de ambos funcionarios. Ante esto, el tribunal que conoce la causa respondió de manera afirmativa a esa solicitud.
Para finalizar, la víctima está a la espera del acto conclusivo y asegura que no descansará hasta obtener justicia en este caso que afectó su patrimonio empresarial.
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