Dictaron privativa de libertad para miembros de Azul Positivo

Cortesía Codhez

Con la sentencia 04-21 el Tribunal Cuarto de Control del estado Zulia dictó medida preventiva privativa de libertad para los cinco miembros de la ONG Azul Positivo, detenidos desde el pasado martes 12 de enero por funcionarios de la DGCIM.

Los directivos Johan León Reyes, director general de la ONG, Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social, fueron imputados por la Fiscalía 77 de los presuntos delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

El Tribunal fijó como sitio de reclusión la misma sede de la Contrainteligencia Militar.

La Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia denunció que «estas calificaciones absurdas corresponden a la criminalización del programa de transferencias para alimentación llevadas a cabo por Azul Positivo, que buscaban beneficiar a las familias en situación de inseguridad alimentaria en San Francisco, estado Zulia».

Añaden que el hecho materializa una agresión sin precedentes contra el espacio humanitario venezolano.

«La detención de los integrantes de Azul Positivo representa riesgos para la vida de las personas con VIH que atienden en el Zulia, deja sin protección a las familias en inseguridad alimentaria y a las comunidades beneficiarias de sus programa», ratifica la Comisión que junto a más de 100 organizaciones exigen la inmediata liberación de los trabajadores de Azul Positivo.

Más temprano, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó a las autoridades venezolanas a cesar los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas.