La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, Marta Hurtado, reflejó su preocupación por los ataques que en los últimos días han sido víctimas activistas de organizaciones humanitarias, de derechos humanos y de medios de comunicación.
En lo particular, Hurtado se refiere en un comunicado al hecho ocurrido el 12 de enero en el estado Zulia, donde agentes de la policía regional y de contrainteligencia militar allanaron la ONG Azul Positivo. Se incautaron documentos y se detuvo a seis miembros del personal. Cinco de ellos permanecen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares.
Al reseñar que esta es la segunda vez en menos de un mes que se allanan oficinas y se interroga a trabajadores de una organización humanitaria, expone tajantemente que «los Estados no deben imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG para acceder a financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales».
La funcionaria del equipo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas también mostró su preocupación porque estas redadas, así llamó a los procedimientos, «hayan ido acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que piden una mayor criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y su personal».
Este miércoles 13 de enero el diputado Diosdado Cabello acusó en su programa de televisión al coordinador de la ONG de derechos humanos Provea y a la periodista de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, de pertenecer a organizaciones que «desestabilizan al pueblo».
Y a propósito de algunos medios de comunicación, Hurtado señaló que «al menos tres medios de comunicación también fueron atacados el 8 de enero, cuando, según informes, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas e intimidaron al personal. Estos incidentes siguieron a casos similares de hostigamiento o intimidación de periodistas, ya que funcionarios públicos emitieron una serie de declaraciones deslegitimando a los medios. Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se autocensuran por miedo».
Finalmente, insta «a las autoridades a que dejen de atacar a las personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario o de derechos humanos o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es fundamental para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada ni perseguida”.
