Siete ministros que formaban parte de la Corte Suprema de Justicia de México renunciaron junto a la presidenta del organismo judicial, Norma Piña.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia afirmó que su dimisión fue un acto de congruencia y respeto al nuevo texto constitucional según la reforma que aprobó el Congreso.
Mediante un texto difundido el 30 de octubre, aseveró que lo hizo para cumplir con los preceptos legales que ahora rigen al país azteca en materia judicial.
“Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”, expresó Piña en la carta de renuncia que envió al Senado.
Las dimisiones de los funcionarios fueron notificadas el 30 de octubre y hecho efectivos el mismo día de su presentación.
Las renuncias coincidieron con la llegada del fin del lapso o plazo para que los ahora exfuncionarios de justicia presentaran su intención de postularse a las elecciones para definir a los jueces de la máxima corte del país.
De acuerdo con la reforma judicial aprobada por el Congreso, en lo adelante, todos los ministros deben ser elegidos mediante voto popular, universal y secreto.
Esta reforma recibió el rechazo en todo momento por los miembros de la Corte Suprema de México. No obstante, su aprobación los obligó a acogerse al nuevo marco legal judicial.
El Gobierno de México que lideró la propuesta hasta su aprobación argumentó que la elección permitirá la construcción de un sistema de justicia más ecuánime y menos susceptible a la corrupción.
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