El director de la ONG Aula Abierta, David Gómez Gamboa, catalogó como escandalosa la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) de imponer una multa a rectores de seis universidades públicas por sus solicitudes ante el máximo tribunal en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
La decisión del TSJ se debe a que estas universidades solicitaron dos recursos de nulidad del instructivo de la Onapre en el mes de julio, pero estas resultaron rechazadas por la Sala Político Administrativa que publicó el sábado 3 de septiembre dos sentencias.
Esta decisión señala que el funcionario Malaquías Gil Rodríguez multó de estas universidades «a cada una de las accionantes y a sus representantes en el presente asunto, por cincuenta (50) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela».
El abogado, profesor y defensor de los derechos humanos dijo este martes 6 de septiembre que esta decisión del TSJ representa, de alguna manera, una prueba de que se vive bajo un «régimen autoritario», en el que el Poder Judicial no cumple con su deber ser independiente e imparcial, sino todo lo contrario: funciona como una «especie de andamiaje en favor de decisiones arbitrarias del ejecutivo nacional».
«Esta situación ha sido escandalosa porque unas personas acuden al Poder Judicial en clamor de justicia y se les responde de esta manera. No solo decorando inadmisible un recurso que había sido admitido una semanas antes; sino que fundamentalmente se les sanciona y castiga en una especie de mensaje para el resto de las universidades y ciudadanos de que hay temas prohibidos y acciones que no se deben ejercer frente a los tribunales», sostuvo Gómez Gamboa en entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias en el programa De Primera Mano.
Destacó que Aula Abierta ha constato la existencia de más de 50 sentencias contra la autonomía de las universidades y universitarios en los últimos 10 años. Por tanto, no es la primera vez que existen políticas de Estado contra los derechos de los universitarios.
La multa «asombra»
Para el abogado, la multa a rectores representa un asombro por dos razones principalmente. Primero, porque no se está en presencia de una situación de malicia para que el TSJ decida sancionar a las partes; sino que los demandantes lo hacen con intención acudir al tribunal buscando justicia como cualquier ciudadano. Y en segundo lugar, porque la cifra es bastante alta.
«La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece la posibilidad de que el tribunal disponga de multas o sanciones en caso de que las partes acudan al tribunal con mala fe o la intención de causar daño. Pero aquí estamos hablando de una situación completamente distinta».
Gómez Gamboa dijo que las partes se han pronunciado a demandar porque el instrumento violenta una serie de derechos de los trabajadores universitarios al disminuir en cifras porcentuales las tablas salariales.
«A estos trabajadores, que están en extrema pobreza, se les pone en una situación mucho más grave desde el punto de vista económico por haber acudido al poder judicial», expresó.
Precisó que aún los rectores no han sido formalmente notificados, pero ya se conoce públicamente ambas sentencias, y que se espera de su parte el pronunciamiento oficial.
Por otro lado, el abogado resaltó lo importante que es continuar con el levantamiento de la causa universitaria para defender la democracia, la libertad académica y los derechos humanos en materia universitaria.
«Más allá de lo jurídico, como sociedad civil debemos levantar la voz en reclamo y denuncias de la violación de los derechos de los y las universitarias», expresó.
