Luego de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunciara las preguntas de la consulta popular, representantes organizaciones sociales e indígenas expresaron que esta no resolvería los problemas de fondo que atraviesa el país.
La propuesta presentada por Lasso incluye ocho preguntas, que están agrupadas en tres ejes temáticos: seguridad de los ciudadanos, calidad institucional y medioambiente.
Ante este panorama, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, ratifica su rechazo a la medida, sin embargo, dijo que son partícipes de que se le consulte al pueblo ecuatoriano, “pero que se le consulte en las necesidades más elementales, no como estas que no resuelven. Lo que busca el Gobierno es crear un efecto distractor”.
Asimismo, Nery Padilla, secretario nacional de la Federación de Centros Universitarios de Ecuador (FEUE), dijo que están contra del referéndum al no tomarse en cuenta al sector estudiantil.
“La realidad es que esta consulta no comprende a aquellos elementos que deben ser solucionados de manera inmediata y oportuna. Las preguntas deberían estar enfocadas al sector salud, educación, vivienda y la no privatización de empresas del Estado”, dijo.
Rechazado por el movimiento indígena
El movimiento indígena de Ecuador también rechazó este martes la propuesta de consulta popular que presentó el presidente del país, Guillermo Lasso.
«Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y vamos a ir de frente […] Son preguntas vacías, no resuelven nada», dijo Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en una conferencia de prensa ofrecida junto a representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).
Iza añadió que «el Gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada»; y aseguró que, con la consulta, el Ejecutivo «está buscando oxigenarse políticamente», lo que considera «un acto irresponsable».
Convocatoria
Los voceros de las organizaciones sociales informaron que el próximo 21 de septiembre realizarán una movilización para rechazar la medida y exigir al Gobierno que cancele los más de 24 millones de dólares que adeuda el estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
