Con el slogan «el agua es un derecho, no una mercancía», varios sectores de la sociedad civil salvadoreña protestaron este lunes 18 de julio contra la entrada en vigencia de la Ley de recursos hídricos.
El nuevo instrumento jurídico de reciente aprobación por parte del Congreso entró en vigencia este lunes 18 de julio.
«Los artículos de la Ley no establece con claridad el tema de los cánones. En el caso de las concesiones está muy claro que una empresa puede explotar el agua durante 15 años y se le renueva de forma contínua», explicó Mariana Cortéz, directora ejecutiva de la fundación Maquiniwa de El Salvador.
Por otra parte, desde el enfoque de las madres responsables del hogar, también rechazan la entrada en vigencia de la nueva Ley. Consideran que la privatización del agua encarece mucho más el acceso a la alimentación y a la salud.
«Esto afectará a la mujer porque estamos al frente del hogar. Con esta situación en que estamos en que todo se está encareciendo, y ahora llegará a aumentar el agua», dijo Melina Méndez.
Decenas de salvadoreños, la mayoría miembros de organizaciones sociales y universitarios, marcharon este lunes para exigir derogar la ley.
Hasta este lunes el servicio de agua potable estaba bajo el control de la estatal Administración Nacional de Acueductos (ANA). Desde la entrada en vigencia de la Ley de recursos hídricos el organismo cesó sus funciones.
Desde el 2019
La nueva ley empezó a discutirse en el año 2019, cuando la derecha opositora en el Congreso plasmó el proyecto de Ley del Agua.
En el proyecto planteaban la creación de un ente regulador del agua que puede permitir la participación del sector privado como efectivamente fue aprobado.
En octubre de 2020, el Congreso, controlado por opositores al gobierno de Nayib Bukele, aprobó una reforma a la Constitución para reconocer el acceso al agua como un derecho humano.
Pero para que la reforma tenga vigencia y fuerza de ley, debe ser ratificada con un mínimo de 56 votos por la legislatura que resultó electa en los comicios del pasado 28 de febrero, donde Bukele tiene mayoría desde mayo de 2021.
Datos de la desaparecida empresa estatal, difundida en el año 2019 indican que en el país, de 6,7 millones de habitantes, la cobertura de agua potable en la zona urbana alcanzó el 95,7%, mientras que en la zona rural fue del 41,8%.
