Familiares de Edinsson Fernando Mijares Duque y Luis Alfredo García Marín, oriundos de Maturín, estado Monagas, manifiestan que ambos fueron asesinados presuntamente por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas dentro de un apartamento en Puerto Ordaz, estado Bolívar, el pasado viernes 14 de mayo.
Dos días antes, el 12 de mayo, los dos jóvenes, Edinsson de 29 y Luis Alfredo de 32 años, salieron de Maturín con destino a Puerto Ordaz a reunirse con otros amigos.
Sus familiares aseguran que el hecho se trata de una presunta ejecución extrajudicial por parte de ese cuerpo de seguridad y no de una resistencia a la autoridad como les fue notificado. Denuncian abuso de poder por parte de los funcionarios y exigen justicia para sus víctimas.
¿Cómo ocurrió el hecho?
El hecho ocurrió en horas de la madrugada dentro de un apartamento del Conjunto Residencial Aventura, en el sector El Caimito de la parroquia Unare del municipio Caroní. Junto a Mijares y Duque se encontraban otras 5 personas más (tres mujeres y dos hombres), quienes quedaron detenidos.
Yajaira Duque, madre de Edinsson Mijares, relató que su hijo viajó a Puerto Ordaz con varios amigos el miércoles 12 de mayo y el viernes a la 1:00 de la tarde recibió una llamada donde le informaron que a su hijo lo habían matado.
“Me trasladé hasta el CICPC en San Félix a retirar el cuerpo y el oficio que me dieron decía que era por desacato a la autoridad”, cuenta Duque.
Esa fue la única información que recibió por parte de las autoridades que obviaron informarle cuál era el motivo del procedimiento dentro de la vivienda o el supuesto delito por el que Edinsson era buscado por el CICPC.
Yajaira sospecha que el supuesto enfrentamiento armado donde murió su hijo jamás existió. “Allí no hubo ningún enfrentamiento, había varias personas y solamente mataron a dos. Si hubiese sido un enfrentamiento hubiese salido otra persona herida porque fue dentro de un apartamento, eso es lo que no nos explicamos. Ellos se entregaron y no los escucharon, la orden fue matarlos”, reclamó.
Además, indicó que al momento de retirar el cuerpo de su hijo pudieron comprobar la violencia policial a la que fue sometido. Edinsson tenía dos tiros en la cara y uno en la cabeza que le fracturó el cráneo.
“A mi hijo le dieron golpes, dos tiros en la cara y un tiro en la cabeza. Tenía golpes en el cuerpo, marcas como si le pusieron el pie en el cuello, el labio partido, me imagino le dieron una patada”, detalló.
Según el reporte policial, en el lugar fueron encontradas cuatro armas. Sin embargo, la madre de Edinsson asegura que de existir ese armamento tuvo que ser “sembrado” por los mismos funcionarios policiales para inculpar a su hijo, pues él no tenía armas.
“Si aparece un arma allí se la tuvieron que haber puesto, porque ellos no tenían armas y si hubiesen tenido, y de verdad hay un enfrentamiento, ¿cómo es posible que hay siete personas y ningún otro salió herido, algún funcionario u otra persona?, cuestionó.
Elianny Marín, hermana de Luis Alfredo García Marín, también denunció lo que, a su juicio, fue el ajusticiamiento de su hermano ante lo que considera un claro abuso de poder de los funcionarios del CICPC y los detalles que han podido conocer a través de los abogados de las personas que están detenidas, los únicos testigos del hecho.
“Se metieron varios funcionarios sin una orden de allanamiento al apartamento, sin medir palabras los mataron, les sembraron armamento, los metieron en un cuarto y ellos le pidieron perdón a Dios y con todo y eso los golpearon y los mataron”, relató Elianny.
De acuerdo con la información que por cuenta propia ha podido recaudar, su hermano estaba reunido con unos amigos el viernes por la noche en casa de un conocido cuando irrumpió el cuerpo policial.
Luis Alfredo García Marín recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la cabeza, cerca de la sien. Su hermana también denunció que el cuerpo presentaba golpes.
Marín no se explica por qué el CICPC no se llevó detenido a su hermano, como hicieron con el resto de los presentes o por qué no hubo más heridos durante el supuesto enfrentamiento armado.
También dio a conocer que una de las mujeres que se encontraba dentro del apartamento y que está detenida, intentó alertar a los vecinos para que los ayudaran y mientras trataba de salir del lugar se lesionó uno de sus pies.
“Huyó, gritó para que salieran personas e igualmente la agarraron. Ella se partió el pie y no le han dado asistencia médica. Ni la dejan salir ni la dejan ver en PTJ (CICPC)”, denunció.
Sobre el resto de los detenidos solo conoce que estaban recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), de San Félix y los lesionados no habían recibido atención.
Exigen justicia
Tanto Elianny Marín, hermana de Luis Alfredo García Marín, como Yajaira Duque, madre de Edinsson Mijares, exigen que se haga justicia por el asesinato de sus familiares.
“Lo que pedimos es justicia. ¿Cómo van a entrar ellos a un hogar sin una orden, sin saber si hay niños o personas enfermas, a matar personas? Eso no está escrito en ninguna ley (…) “No importa el delito que hayan cometido, ellos no tenían por qué ejecutarlos de esa manera”, manifestó Elliany.
También indicó que están a la espera de los recaudos y evidencias necesarias para poder introducir una denuncia formal.
“Nosotros vinimos a eso (a Puerto Ordaz), para poder ir con evidencias de cómo quedó mi hijo. A mi hijo le dieron un tiro a quemarropa en la cara, tenía morados, le pusieron el pie en cuello. ¿Tú crees que en un enfrentamiento él va a quedar así? Así hayan hecho lo que fuera, ellos no tenían derecho a matarlos”, agregó Yajaira Duque, madre de Edinsson.
También dijo que el CICPC se llevó de la residencia el automóvil en el cual Edinsson y Luis Alfredo habían viajado desde Maturín a Puerto Ordaz alegando que estaba solicitado.
Sin embargo, Duque explicó que el carro pertenecía a la madre de la hija de Edinsson y que los funcionarios se lo llevaron posterior al supuesto enfrentamiento porque no sabían que estaba estacionado allí. Hasta el momento de la entrevista, 20 de mayo, Duque no conocía el paradero del vehículo.
Un supuesto enfrentamiento
Así como en otros casos similares la versión oficial que se utiliza es una manera de justificar supuestos enfrentamientos entre los cuerpos policiales y bandas delictivas.
En este hecho, el director del CICPC, Douglas Rico, fue el primero quien dio los detalles de este procedimiento durante un programa de radio.
Informó que la Brigada Antirobo del estado Bolívar habría desmantelado una supuesta organización criminal que se dedicaba al robo de residencias, donde capturaron a cinco personas y “un sexto sujeto que lamentablemente cayó abatido durante una resistencia a la autoridad”, dijo.
Rico identificó al fallecido durante el supuesto intercambio de disparos como Edinsson Fernando Mijares Duque, “alias Duque”, de 29 años. Y aseguró que tenía “amplio prontuario policial”.
La madre de Edinsson explicó que su hijo había sido arrestado una vez hace tres años y que tenía una especie de apostamiento policial hasta conseguir su libertad plena, pero desde la pandemia por COVID-19 su caso se había retrasado. También desmintió que tuviese algún apodo o perteneciera a una banda criminal.
En su alocución el director del CICPC no mencionó que en este mismo procedimiento también fue asesinado Luis Alfredo García Marín.
Aseguró que tanto el fallecido como los detenidos se hacían pasar por falsos funcionarios, “usando indumentaria alusiva a cuerpos de seguridad, entraban a las residencias, sometían a las víctimas y procedían a despojarlas de sus bienes”.
Rico explicó que habrían dado con la ubicación de la supuesta banda criminal luego de que el 13 de mayo de 2021 robaran una vivienda de la urbanización Villa Victoria de Unare.
“Una vez que el CICPC tiene conocimiento del hecho, organiza comisiones, acude a un sitio donde se encontraba el grupo de delincuentes repartiendo el motín, se origina un intercambio de disparos donde resulta herido un ciudadano”, manifestó.
Identificó a los detenidos como Carlos Florencio Guevara Ramírez (33), Alejandro Antonio Mendoza Salazar (32), Ingrid del Valle Araque Chaustre (30), Selena Carolina Padrino (25) y Norkarlys Sarais Rodríguez Salazar (38).
También aseguró que recuperaron parte de las evidencias del supuesto robo y se incautaron cuatro armas de fuego.
A los familiares de Edinsson Mijares y Luis Alfredo García Marín en ningún momento les dieron esta información. Se enteraron pasados varios días del hecho cuando escucharon las declaraciones del director del CICPC.
También les resulta sospechoso que su pronunciamiento haya sido justamente después de que allegados a las víctimas empezaran a denunciar en redes sociales el suceso, pues el procedimiento no había sido publicado en ningún medio de comunicación.
“Así él haya sido un delincuente ellos no tenían el derecho de quitarle la vida, llévalo preso, si cometió un delito llévalo preso”, expresó la madre de Edinsson.
Elianny Marín agregó que conocen por parte de los abogados de los detenidos que “ellos se entregaron y no los escucharon, la orden fue matarlos. Hay testigos y están detenidos”.
Ambas mujeres admitieron temer represalias del organismo policial al denunciar las arbitrariedades en el caso, pero continuarán su búsqueda por justicia.
Violencia policial en Bolívar
De las 15 muertes que ocurrieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad, tres de los casos fueron desmentidos por familiares de las víctimas.
En Bolívar, los medios informativos reportaron muertes por acción policial o militar en cuatro de sus 11 municipios, siendo Caroní la región con más muertes a manos de fuerzas de seguridad del estado con un total de siete.
En el balance sobre letalidad policial de 2020 realizado por la alianza, Bolívar fue el tercer estado del país con más muertes a manos de los cuerpos de seguridad con un total de 269 muertes.
El año pasado el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el segundo cuerpo policial más letal del país con 593 casos, lo que equivale al 17,52% del total de las más de 2.800 ejecuciones que ocurrieron en 2020.
El informe además resalta el uso de la versión de “presunto enfrentamiento” para evitar que el Ministerio Público no haga las investigaciones que deben realizar, violando recurrentemente el debido proceso.
También constata el manejo de los falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, que no es otra cosa que un montaje de la escena del crimen en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares cuando en realidad, en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.
“En la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares se aportan elementos suficientes que conducen a presumir de que se trata de ejecuciones extrajudiciales”, explica el informe.
Este es un trabajo especial del proyecto Lupa por La Vida. Trabajo de monitoreo de violencia policial y militar en Venezuela que llevan a cabo PROVEA y Centro Gumilla.
