El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó su informe anual 2020 denominado “Muertes en las cárceles por denegación de alimentos”, en el que relatan que murieron más presos por desnutrición que por violencia.
El OVP indicó que el 63,01 % de las muertes en las cárceles de Venezuela durante el año anterior estuvieron relacionadas con condiciones de salud, luego de registrar 184 decesos por diversas enfermedades, de un total de 292 fallecidos en centros penales.
En comparación a 2019, las muertes en los centros penitenciarios aumentaron un 281%. “Esta cifra refleja un aumento desproporcionado en comparación con los años anteriores, solo entre 2019 y 2020 el número de fallecidos por salud se incrementó un 178,79%”, manifiesta el Observatorio.
Al respecto de las muertes por denegación de alimentos, el OVP pudo concluir que la tuberculosis y desnutrición fueron las causas principales de los decesos, ya que, al menos, 85% del total de las muertes por salud se asocian a dichas patologías, mientras que el otro 15% corresponde a hepatitis, cuadros diarreicos, obstrucción intestinal, personas diabéticas o con crisis convulsivas sin tratamiento.
“No tenemos comida, tenemos días sin comer. Solo nos dan un agua de granos, arroz o arepa sin relleno, una vez al día”, cita la OVP sobre una denuncia de las varias que recibieron durante el 2020.
Agregó que tras la pandemia, la restricción de visitas a los centros carcelarios propició el aumento de “niveles de desnutrición, propagación de enfermedades de tipo contagiosa y afectaciones de carácter psicológico”.
La organización no gubernamental acota que aunque murieron algunos reclusos debido a otras enfermedades, la mayoría presentó desnutrición. Al respecto, los estados en los que se registraron la mayor cantidad de decesos por salud fueron Carabobo, Lara, Miranda y Guárico.
“Es de resaltar que en todos los casos que fueron documentados por OVP en el año 2020, las personas recluidas carecían de atención médica en los penales, más de un 95% de los fallecidos estaban desnutridos, y un número significante de fallecidos presentó cuadros de desnutrición severa aún cuando sus causas de muertes fueron otras”, destacó.
La directora del OVP, Carolina Girón, alegó en una rueda de prensa por Zoom que a través de las denuncias pudieron constatar que los privados de libertad habían presentado pérdidas de peso de entre 40 a 50 kilos. Asimismo, dijo que se constató que pocos presos fueron trasladados a un centro de atención médica, pues la penitenciaría sostenía que no había una orden de un tribunal o transporte para tal fin.
“184 personas fueron víctimas de la desidia del sistema penitenciario venezolano. Entre 2017 a 2020 podemos verificar un aumento desproporcionado, inclusive, resulta extremadamente preocupante que entre el año 2019 y 2020 se registrara un incremento del 178,79%”.
No solo fue desnutrición, también violencia
El informe del OVP también revela que unas 108 víctimas vivieron episodios de violencia dentro de los centros penitenciarios. Reseñan el caso del Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), ubicado en Guanare, estado Portuguesa, donde fallecieron 49 presos y 75 resultaron heridos durante un motín por el ingreso de alimentos.
Hacinamiento crítico
De acuerdo a la información recabada por el equipo del OVP en 14 estados del país, la población reclusa en todo el territorio nacional se situó alrededor de 37.543 personas privadas de libertad, entre ellas 35.360 hombres y 2.183 mujeres.
La capacidad instalada era de 26.238 plazas. Esta última cifra se vio severamente afectada tras el cierre de 10 establecimientos.
La directora de la ONG resaltó que esta situación de hacinamiento crítico ha sido denunciada oportuna y verazmente desde hace cuatro años, periodo en el que ha disminuido la población penitenciaria; sin embargo, aún es mayor al 40%.
En cuanto a la población reclusa extranjera, el OVP informó que se cuentan 851 privados de libertad de otra nacionalidad, 726 hombres y 85 mujeres, lo que representa el 2% de la población penal total.
Procesos “interminables”
El informe 2020 también refleja que el Estado venezolano “no ha cumplido eficazmente las garantías judiciales y las debidas protecciones judiciales inherentes a las personas bajo su custodia”.
La directora y vocera Girón manifestó que el sistema de justicia penal venezolano se ha caracterizado por procesos interminables y altos índices de retardo procesal. Solo el 37% de la población de las cárceles tiene una condena firme, mientras el 63% está en condición de procesado, “gozando incluso del principio de presunción de inocencia y sometidos a constantes vulneraciones de sus derechos fundamentales”.
¿Contagios por la COVID-19?
Sobre este punto, el OVP sostiene que hubo opacidad en cuanto a la información por parte de organismos oficiales, pero lograron obtener declaraciones de funcionarios públicos en varios estados del país, quienes informaron sobre 135 casos de COVID-19 en centros de reclusión, desagregados de la siguiente forma:
Cárceles: 3 funcionarios contagiados y 1 privado de libertad fallecido, este último en el Centro de Formación Hombres Nuevos de Carúpano, ubicado en el estado Sucre.
Calabozos: 130 privados de libertad contagiados y 1 fallecido, quien resultó identificado como Erick Echegaray, de 70 años de edad, preso político que se encontraba detenido en los calabozos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicado en el Helicoide.
Otros detalles del informe
- Se detectó la proliferación y crecimiento de las figuras de autogobierno dentro de los establecimientos penitenciarios. Esta situación se ha extendido a los calabozos policiales, en los cuales se ha reportado la exigencia injustificada de cuotas monetarias para la obtención de beneficios personales.
- El Gobierno nacional liberó prisioneros a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios. El OVP señala que estas actuaciones estuvieron justificadas erróneamente con la figura consagrada en el Código Orgánico Penitenciario, denominado Régimen de Confianza Tutelado.
- Al menos 3.683 personas privadas fueron liberadas con un “acta” o documento sin respaldo legal, entregado por la ministra titular en ese momento. Este hecho representa una violación flagrante contra la norma e independencia del Poder Judicial, que es el único que puede otorgar libertades, tal cual como lo expresa el Código Procesal Penal.
- Un gran número de individuos excarcelados fueron asesinados, en algunas ocasiones por los mismos organismos de seguridad nacional por considerarlos evadidos de los recintos penitenciarios.
