De acuerdo con un trabajo de investigación realizado por el Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) en el primer semestre de 2020 los cuerpos de seguridad asesinaron a 181 personas en el estado Aragua, un promedio de un asesinato por día a manos de los agentes de la fuerza pública.
Estas cifras demuestran la elevada letalidad con la cual actúan los órganos de seguridad en la región, y reflejan el desapego de estas instituciones de las normas sobre uso progresivo, diferenciado y proporcional de la fuerza.
La versión oficial indica que, en la casi totalidad de las muertes, estas se produjeron como consecuencia de enfrentamientos, de esta manera son incorporadas en las estadísticas de muertes por resistencia a la autoridad. Las investigaciones realizadas por organizaciones de Derechos Humanos tras largos años de seguimiento a la violencia institucional policial militar, y el diagnóstico realizado en 2005 por la Comisión Nacional de Reforma Policial (CONAREPOL), conducen a presumir que en un alto porcentaje de casos presentados ante la opinión pública como muertes por “resistencia a la autoridad”, las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas.
Todas las personas murieron por impactos de bala. 180 asesinados eran hombres, lo que equivale al 99,45% del total. Una mujer también fue asesinada en el período analizado, lo que representó el 0,55% del total.
Dicho hecho ocurrió el 12 de mayo en el sector Magdaleno del municipio Zamora del estado Aragua. La víctima fue identificada como María de los Ángeles Peláez Romero, quien junto a dos hombres que no fueron identificados, fue presuntamente asesinada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Este hecho fue presentado ante la opinión pública como un enfrentamiento, coincidiendo con la versión oficial ofrecida en el 91,17% de las 181 muertes ocurridas entre enero y junio.
Policía de Aragua y CICPC encabezan la lista de asesinatos
De acuerdo al monitoreo diario se constató que la Policía del estado Aragua y sus diversos componentes, fue el organismo que más muertes se adjudicó.
65 personas fueron asesinadas por este organismo policial, lo que equivale al 35,89% del total. 27 de estas muertes son atribuibles al componente tradicional de la policía de la entidad; 28 a la especializada Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP); y 10 a la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) también adscrita a la policía regional.
El CICPC acumuló un total de 49 víctimas que representan el 27% del total. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ocupó el tercer lugar con 30 muertes, y en operativos conjuntos entre el CICPC – CONAS (GNB), CICPC – FAES y FAES – PoliAragua, se produjeron otras 21 muertes.
Perfil de las víctimas
Se pudo identificar a 141 de las 181 personas asesinadas en la entidad durante el período objeto de monitoreo. Del total de personas identificadas, se conoció la edad de 41 de ellas, la mayoría hombres jóvenes con un rango etario comprendido entre los 18 y 30 años, equivalente al 22,65% del total de víctimas identificadas los hechos. Además, se registró la muerte de un adolescente y el asesinato de 13 personas con edades comprendidas entre 33 a 43 años de edad.
Durante el mes de mayo la letalidad policial se agudizó en el estado Aragua.
41 personas fueron asesinadas por los agentes de la fuerza pública ese mes, constituyendo el 22,65 % del total de casos registrados en el semestre. Aunque las FAES detuvo sus operativos en la entidad luego del decreto de cuarentena nacional, otros cuerpos policiales continuaron imponiendo la violencia en el estado Aragua.
Para el mes de abril, segundo de la cuarentena nacional, no se registró una sola actuación de las FAES y los asesinatos registraron un descenso de 50% respecto al mes anterior.
Martes y jueves fueron los días de la semana en los que se registraron más muertes. El 25,96% de los asesinatos registrados se produjeron durante los días jueves, mientras que el 20,99 % de los casos ocurrieron en martes.
En el municipio Girardot, capital del estado, se registraron 43 muertes, equivalente al 23,75% del total. Le siguió el municipio Santiago Mariño (Turmero) con 30 asesinatos, Zamora (Villa de Cura) y José Félix Ribas (La Victoria) presentaron el mismo número de muertes, 20 en total.
En el 83,33% de los municipios del estado se registraron muertes a manos de cuerpos policiales y militares.
El régimen de Maduro mantiene una verdadera guerra contra los ciudadanos, en especial contra los más pobres. La adopción de estrategias de mano dura y lógicas belicistas en el control de la seguridad ciudadana y la gestión de manifestaciones, están dirigidas a intimidar y generar temor entre los habitantes de las zonas populares y disidentes políticos, para consolidar mecanismos de control y contención frente el creciente descontento social.
La dictadura continúa amplificando la visión del enemigo externo e interno y reforzando la lógica belicista de estigmatizar y criminalizar a distintos actores sociales, para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares.
La militarización de la seguridad ciudadana y la militarización de la actuación policial, amparada en la doctrina de seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garantías personales toda vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.
