El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó el pasado martes 30 de abril su informe anual, donde se documenta la detención “arbitraria” de 120 dirigentes sindicales entre los años 2013 y 2023.
Según lo expuesto por el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, en los últimos 10 años, 120 dirigentes sindicales han sido detenidos y un total de 3.479 trabajadores “han sido amenazados” por elevar su voz en defensa de sus derechos laborales.
En el informe presentado, Provea evidenció cómo la situación laboral en Venezuela ha estado marcada por una serie de protestas por reivindicaciones laborales, con un total de 27.000 registradas entre 2013 y 2023. Sobre esto, Murillo dijo que la realidad actual de los empleados públicos y de empresas estratégicas del país se caracteriza por una “sistemática persecución”.
Sobre el salario
El informe también habla acerca de la “pérdida de la capacidad adquisitiva, la precariedad y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores venezolanos”, quienes desde el 2022 no reciben un aumento salarial, solo aumento del ingreso mínimo integral que perciben a través de bonos que no inciden en las prestaciones sociales ni en las pensiones.
Ante esta situación, Provea exigió al Gobierno venezolano tomar medidas “eficaces y urgentes” para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo del salario y corregir las políticas que afectan el derecho a un salario suficiente para la compra de alimentos y medicamentos.
Por último, la ONG hizo un llamado al respeto de los derechos colectivos del trabajo, incluyendo el derecho a la negociación colectiva, la huelga, la manifestación pacífica, la libertad de asociación y reunión.
Con información de EFE.
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