En el primer semestre de este año 2021 @Lupa por La Vida registró 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a mano de los organismos de seguridad del país, de acuerdo al monitoreo de violencia policial y militar que desplegamos entre la ONG Provea y el Centro Gumilla en las 24 entidades durante todo el semestre.
Contrastando con el primer semestre de 2020 cuando se pudo constatar 1611 presuntas ejecuciones, significa una disminución de un poco menos de la mitad, es decir, el 48.6%.
La reducción de casos es un hecho que valoramos de manera positiva. Sin embargo, llamamos la atención que el hecho de que más de 800 personas hayan sido asesinadas es sumamente grave. Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Muestra claramente el alto nivel de letalidad policial en el país, el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo e indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible. Persiste la práctica del disparen a matar.
Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.
La disminución de presuntas ejecuciones rompe la línea ascendente que desde el 2015 venía ocurriendo. Desde 2015 hasta junio del presente año han sido asesinadas por policías y militares según cifras de Provea y Centro Gumilla 7180 personas y hasta diciembre de 2020 cada año se reportaban más casos.
Del monitoreo realizado a nivel nacional pudimos constatar el impacto positivo que tuvo el Informe presentado en septiembre de 2020 por la Misión de Determinación de Hechos para que se produjeran algunos cambios en la actuación policial particularmente en la Policía Nacional Bolivariana y su grupo élite Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Desde esa fecha se produjo en varios estados del país una reducción de asesinatos de las distintas policías y de militares.
Por primera vez en el monitoreo realizado por Lupa por la Vida, se puedo registrar estados donde en un mes no se produjo ningún asesinato ni de militares ni de policías.
La disminución del número de asesinatos ratificó que las ejecuciones son una política de Estado. Cuando existe voluntad política para orientar a los cuerpos policiales en el sentido que sus actuaciones sean menos letales, se pueden lograr reducciones.
Poder de letalidad de los cuerpos de seguridad
Una de las novedades que se registran en este primer lapso del 2021 es el cambio en las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.
La mayor evidencia es que en este período solo intervinieron, de acuerdo a este monitoreo, en 64 situaciones en las que se les atribuye ejecuciones extrajudiciales, a diferencia de las 417 que se les contabilizó en el mismo tiempo el año pasado.
Vale resaltar que el gobierno emprendió un paulatino proceso al interior de FAES que pareciera indicar se avanza hacia su disolución. Se viene realizando un proceso de traslado de personal hacia la denominada Dirección Contra la Delincuencia Organizada, DCDO. En el primer semestre esta DCDO fue responsable de 4 casos de presuntas ejecuciones.
Estas modificaciones en la Policía Nacional Bolivariana pudiesen obedecer a las exigencias de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que desde el 2019 vienen demandando la disolución de este cuerpo policial e igualmente a la recomendación establecida por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
En este renglón del comportamiento de los cuerpos policiales y militares hubo un cambio en el manejo del poder de letalidad. En los 6 meses analizados destaca con el mayor número de casos adjudicados el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, con 180, lo que representa el 21.74% de los 825.
Las policías estadales siguen actuando igualmente con altos niveles de letalidad. En el conjunto las policías estadales son responsables de 309 personas asesinadas en los 6 meses, reflejando que solo en el primer trimestre cometieron 212 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Las policías regionales de Zulia y Carabobo siguen siendo las más letales con 83 y 75 registros, respectivamente. Contrastando con el primer semestre de 2020 hubo una importante baja en la policía del estado Zulia si consideramos que fueron responsables en los primeros seis meses de 2020 de 122 asesinatos, a diferencia de la policía del estado Carabobo que incrementó la letalidad en línea contraria al contexto nacional. Mientras en el primer semestre de 2020 la policía del estado Carabobo fue responsable de 54 asesinatos, en 2021 se le atribuyen 75.
Llama significativamente la atención que, produciéndose una baja de los asesinatos perpetrados por policías y militares en el país, en el estado Carabobo por el contrario se afianzó la política de mano dura.
Con respecto a la participación de la Fuerza Armada Nacional. En situaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales cabe destacar un descenso del 56.3 % en comparación al primer semestre del año 2020 cuando se registraron 222 casos.
En 2021 son responsables de 97 casos, discriminando 86 para la GNB, 8 para el Ejército, 1 para el CONAS y 2 para la Armada.
No obstante, siempre destaca la actuación letal de la Guardia Nacional Bolivariana que suele participar también en varios operativos mixtos en conjunto con otros organismos policiales.
Entidades con más registros
En la primera mitad del 2020 los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda. Aquí se suman la totalidad de cuerpos policiales actuantes y no solo la policía estadal.
Un año después la tendencia es casi la misma. Zulia sigue apareciendo en el primer lugar con 171 muertes, Carabobo con 136, Aragua con 88, y Lara con 71.
El estado oriental de Anzoátegui asaltó a la quinta casilla con 66 muertes, proseguido de Miranda con 48, Bolívar con 44 y Distrito Capital con 40 (solo 33 en el mes de enero).
Una vez más se certifica que en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir de que se trata de ejecuciones extrajudiciales.
De hecho, se constata el manejo de los falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, que no es otra cosa que un montaje de la escena del crimen en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares cuando en realidad, en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.
Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima. Y son extrajudiciales en cuanto que suceden en un país donde constitucionalmente no existe la pena de muerte, y el funcionario, violentando el debido proceso que implicaría el juicio justo, resuelve tomarse la justicia por sus manos y ejecutar a la persona.
Los datos recabados reflejan que eso constituye el patrón que históricamente concentra el mayor número de fallecimientos por violación al derecho a la vida. Ello en sí mismo es un dato relevante, toda vez que supone que la acción de los cuerpos de seguridad del Estado está dirigida a ocasionar la muerte.
Jóvenes entre 18 y 30 años los más perjudicados
Otro de los patrones que se mantiene en esta política de “seguridad ciudadana” desplegada por el Estado venezolano es que la mayoría de las víctimas son masculinos jóvenes, con edades entre 18 y 30 años que viven en zonas pobres.
En este período de 6 meses de las 825 víctimas de las cuales se pudo conocer la edad, se obtuvo la información que las muertes de jóvenes entre los 18 y 30 años constituyó 226, lo que representa el 27.29% de los casos.
Entre los datos recopilados sobre en qué partes del cuerpo recibieron las víctimas los disparos de armas de fuego, las regiones del tórax y de la cara fueron las más perjudicadas.
Siguen siendo los sectores populares en mayor medida, y rurales, un poco menos, los sitios escogidos por los cuerpos policiales y militares para la comisión de estos procedimientos, generalmente con el pretexto de practicar operativos de seguridad.
Así justificaron operativos especiales en La Vega, Caracas, zonas del estado Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy y el estado Zulia, entre otros.
En cuanto a los meses en los cuales se produjeron mayor cantidad de asesinatos el mes de enero fue el más violento con 228 casos. En este particular resalta la masacre de La Vega, en Caracas, entre el 8 y 9 de enero con 23 muertes, en un hecho sin precedentes amparado bajo un operativo policial practicado en esa parroquia del municipio Libertador del Distrito Capital por parte de comisiones mixtas de las FAES, CICPC y GNB.
En este sentido, el municipio Libertador es el que más ejecuciones extrajudiciales registró en Caracas durante el mes de enero con 33 víctimas. El mes de febrero registró un descenso con 113 casos mientras que se experimentó un ligero repunte en el mes de marzo con 131.
En el cuarto mes del año, cuando se el gobierno decidió extender por 3 semanas consecutivas la cuarentena radical por la pandemia, se contabilizaron 119 casos. Seguido de mayo y junio, cada uno con 117 registros.
A Modo de Reflexión
La Iglesia venezolana* también ha venido alzando su voz de denuncia ante estas prácticas que continúan centrándose en la privativa de la vida a miles de personas en todo el país.
Desde la inspiración del Evangelio señalan que estas políticas de seguridad, que combinan laxitud y represión, generan zozobra, incertidumbre y un clima de terror en las comunidades populares, porque se pasa, de un momento a otro, de una situación de secuestro -por parte de las bandas organizadas- a la represión y ocupación por parte de la Fuerza Pública; y en el trance de una situación a la otra, la población se convierte en escudo humano de una guerra injusta entre dos poderes que irrespetan el derecho a la vida.
Además, como corolario, la gente de las zonas queda estigmatizada y criminalizada por parte de los organismos de seguridad del Estado y de algunos sectores de la sociedad que enjuician a los habitantes de los barrios.
Lo cierto es que muchas familias de las comunidades más afectadas por este conflicto se han visto forzadas a desplazarse buscando un lugar seguro, quedando en la desprotección total y, peor aún, estigmatizadas por su lugar de procedencia, pues, lamentablemente, se ha afianzado desde la hegemonía comunicacional la matriz de opinión de que “quien vive en los sectores populares es cómplice de las bandas”.
Nada más distante de la realidad, porque como hemos venido insistiendo, las comunidades populares son una mina de humanidad y quienes participan en las dinámicas delincuenciales son una minoría con poder de fuego y chantaje que somete y controla a la mayoría.
*https://www.ucab.edu.ve/boletines/signos_de_los_tiempos
Recomendaciones
Así como lo hemos hecho en los informes anteriores desde Lupa por La Vida proponemos las siguientes recomendaciones para la disminución de ejecuciones extrajudiciales y otros hechos que vulneren el derecho a la vida de los ciudadanos en el país.
1. Las fuerzas de seguridad deben detener el uso excesivo de la fuerza, en su defecto, aplicar el uso diferenciado y progresivo y abstenerse de realizar ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales durante las operaciones de seguridad.
2. Las autoridades nacionales, estatales y municipales deben girar instrucciones precisas a las fuerzas de seguridad para que actúen con pleno respeto a los derechos humanos, se garantice la integridad física y vida de toda persona considerada sospechosa y el que sistema de justicia aplique las normas del debido proceso y derecho a la defensa.
3. El Estado debe investigar y sancionar a los autores materiales y cadenas de mando de las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas y establecer medidas adecuadas de reparación a los familiares de las víctimas.
4. Las autoridades nacionales, estatales y municipales deben realizar un monitoreo de los desplazamientos internos que vienen ocurriendo como consecuencia de situaciones de violencia en comunidades y brindar apoyo a las familias desplazadas. Debe diseñarse una política de alcance nacional para atender el creciente fenómeno de los desplazamientos internos.
5. Deben disolverse las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana como lo ha recomendado la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet.
6. Debe adelantarse un proceso de desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana, garantizar que los mandos de las policías sean civiles, fortalecer controles internos y externos, así como mejorar las condiciones socioeconómicas de los funcionarios policiales y todo su sistema de seguridad social.
7. Exigimos el cese a la criminalización de los jóvenes de los sectores populares, exhortamos a las autoridades a desarrollar planes que les ofrezcan oportunidades y atender también los graves problemas de servicios públicos que afectan la calidad de vida de sus familias.
