Este martes 29 de septiembre el presidente de la república Nicolás Maduro entregó a la junta directiva de la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de ley constitucional antibloqueo comercial y financiero.
En su exposición de motivos el mandatario refería que el nuevo instrumento legal, del cual pedía se aprobara lo más pronto posible, serviría para que definitivamente su gobierno tomara control absoluto de las riquezas del país y no dependiera de los efectos que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos causan en la ya estropeada economía nacional.
Maduro también hacía revelaciones importantes como la pérdida de más de 65 mil millones de dólares desde el 2015 por la actividad de la industria petrolera venezolana, alegando que el «bloqueo imperial» no le ha permitido a PDVSA operar con normalidad en los mercados internacionales.
Pero, más allá de estas consideraciones de corte político, ¿en qué consiste este proyecto de ley antibloqueo? ¿Por qué algunos economistas predicen que con la nueva legislación el marco jurídico del país cambia como si se estuviera en un contexto de guerra?
El gobernante apunta que con la nueva ley se establece la obligatoriedad de focalizar los ingresos que obtenga el Estado en fortalecer el ingreso real de los trabajadores y la recuperación progresiva del salario, fortalecer la red de protección social que configuran las misiones, mejorar la provisión de servicios públicos como agua, electricidad y gas doméstico y «blindar 17 motores productivos».
Igualmente se fortalecerán las políticas de protección social en la alimentación y la salud, se invertirá en los programas de los Clap, en la protección de niños y adolescentes, madres y sectores vulnerables.
Esta descripción de una «nueva dinámica económica» es lo que algunos economistas nombran como la adopción de un «estado de excepción en situación de guerra» debido a que concede poderes especiales al gobierno y al resto de las instituciones para adaptar temporalmente a todo el marco jurídico del país con el solo fin de destinar presupuestos y fondos para atender exclusivamente necesidades básicas.
Es decir, por ejemplo, los llamados proyectos de inversión en otras áreas de desarrollo de infraestructuras como la construcción de carreteras, viviendas, centros de salud, educativos, quedarían relegados «hasta nuevo aviso».
Para Maduro la «guerra no declarada» es el reflejo manifiesto de las medidas sancionatorias hacia funcionarios del gobierno venezolano que en los últimos años ha venido imponiendo el Departamento del Tesoro y la justicia estadounidense.
Le ley también le permitirá a Nicolás Maduro hacer cuatro cosas, a saber:
- proteger los activos internos y externos del país de «la amenaza de confiscación, robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros y empresas alineadas al bloqueo»
- Realizar alianzas con sectores productivos y empresas dentro y fuera de Venezuela para hacer negocios en hidrocarburos, minería, producción industrial, producción agrícola, servicios.
- Diseñar mecanismos temporales para acelerar la gestión de sectores económicos a través de inversiones productivas a gran escala y mejorar el ingreso nacional; flexibilizando la participación del Estado en empresas mixtas.
- Gestionar los pasivos y activos del Estado a fin de aumentar los ingresos de la nación.
- Crear marcos de incentivos laborales y tributarios y fortalecer la estabilidad jurídica para el desarrollo de sectores o áreas productivas específicas.
- Potenciar el uso del Petro y otras criptomonedas venezolanas y del mundo en el comercio interno y externo.
El mandatario justifica que son necesarios alcanzar estos objetivos porque reconoce que en Venezuela existe una severa y profunda crisis económica originada, según él, por factores externos y no atribuible a su responsabilidad como Jefe de Estado.
Sin vacilar admitió que «es tiempo de inventar».
En la ANC se comprometieron a generar el debate de discusión e información a los ciudadanos de la nueva ley de la que se da por hecho su aprobación en los próximos días.
