Tal cual como lo había anunciado al final de la semana pasada el presidente de la república hizo entrega al pleno de la Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley constitucional antibloqueo económico y financiero.
El mandatario justificaba la presentación de lo que sería un nuevo instrumento legal sobre el incremento de las sanciones del gobierno de Estados Unidos en materia financiera y comercial a funcionarios del gobierno venezolano.
Según razonaba estas medidas coercitivas impidieron, entre otras cosas, que PDVSA lograse financiarse en los mercados nacionales e internacionales, mermando su capacidad de inversión y de producción.
Sobre la crisis actual de combustible se quejó de que supuestamente el gobierno estadounidense les ha confiscado buques cargados del carburante que «Venezuela ha pagado con mucho esfuerzo».
Por otro lado, reveló que desde el 2015 comenzó en el país la caída de los ingresos por concepto de actividades petroleras acumulando un monto de más de 65 mil millones de dólares en 6 años que la república ha dejado de percibir.
Lo que representa una pérdida del 99 por ciento del volumen de ingresos.
También denunció que debido a este bloqueo en Venezuela se han registrado 40 mil muertes en los últimos años así como la imposibilidad de parte de su administración de disponer de divisas para adquirir alimentos, medicinas, insumos, repuestos y materias primas esenciales.
En este capítulo añadió que tampoco han podido obtener los recursos suficientes para fortalecer los salarios y beneficios socioeconómicos de los trabajadores.
Dijo que el objetivo de Estados Unidos era asfixiar la economía nacional para provocar una crisis interna y cambio de gobierno en Venezuela.
Aseguró que con esta nueva ley definitivamente su gobierno logrará tomar el control absoluto de la economía venezolana. Entre los instrumentos que consolidará estarán el Petro y otras criptomonedas para evadir las sanciones estadounidenses.
