Este 26 de junio se conmemora en el mundo el día internacional de apoyo a las víctimas de tortura. Al respecto, la ONG de Derechos Humanos PROVEA publica un informe que refleja la dramática realidad venezolana.
Dice el Programa Venezolano en Educación y Acción en Derechos Humanos que 72 personas fueron asesinadas bajo torturas entre enero de 2013 y diciembre de 2019.
En el último año genera alarma el asesinato de 23 personas a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública.
Comparado con la cifra registrada en 2018, durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 176,92%, en el número de muertes, siendo además el registro más alto de los últimos 30 años.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) concentraron –por segundo año consecutivo- el mayor número de víctimas con 1.747 (33,52%) cuando actuaron en operaciones individuales. Las veces que esta corporación realizó acciones conjuntas con otros actores de seguridad estatal y para-estatal, acumuló un total de 1.910 víctimas (36,65%).
El repertorio represivo de las FAES incluyó allanamientos ilegales e injerencias indebidas en el núcleo familiar; torturas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; heridos y actos de amenazas y hostigamiento.
La mayoría de los abusos cometidos por este escuadrón de la muerte fueron allanamientos a viviendas ubicadas en comunidades populares en los que, además de hurtos y destrozos contra la propiedad privada, se produjeron centenares de ejecuciones extrajudiciales.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cuando actuó de manera individual, fue señalado en la comisión de 31 casos que involucraron a 943 afectados (18,09%), la mayoría, víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes agredidas en las dependencias de ese organismo a nivel nacional.
Durante la ejecución de operaciones conjuntas la cifra de víctimas del CICPC se elevó a 945 (18,13%).
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando actuó en operativos sin ninguna otra corporación, acumuló 53 denuncias que incluyeron a 381 víctimas (7,31%).
Mientras que en operativos junto a otras corporaciones violentas como colectivos paramilitares; Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); PNB; Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); FAES y policías regionales, el número de víctimas que generó ascendió dramáticamente a 1.288 personas (24,71%).
Individualmente consideradas, las agrupaciones paramilitares ocuparon el quinto lugar en el número de abusos contra el derecho a la integridad personal en 2019.
Desde hace varios años a las acciones represivas de agentes estatales se ha sumado la actuación de agrupaciones de civiles armados afectos al oficialismo, quienes, en abierta y pública coordinación con los cuerpos de seguridad, actúan para contener protestas en la mayor parte del territorio nacional.
Para cerrar, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), identificó un patrón generalizado y sistemático por parte de la gestión de Maduro dirigido a aplastar la disidencia y el descontento social.
Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelan la existencia de una política o plan de Estado dirigida a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas dirigidas a causar terror en la población.
