La asociación civil Espacio Público presentó este miércoles 3 de mayo su informe anual 2022, donde registraron un total de 227 casos, que se tradujeron en 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión durante ese año.
Esta cifra representó una disminución del 7 % de los casos con respecto al año 2021, cuando la organización documentó 244 situaciones.
La organización consideró que esta baja pudo estar vinculada al estancamiento de la agenda política, pues “en anteriores años existió una correspondencia entre la represión política y los altos índices de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela”.
El informe detalla que los medios de comunicación ocuparon el primer lugar en el listado de víctimas, con alcanzaron un total de 114 (37 %) registros.
En segundo lugar, están los periodistas y reporteros con 75 víctimas (25 %), seguidos por la ciudadanía en general, con 74 oportunidades (24 %).
El año con más cierres de emisora
Durante las dos últimas décadas, Espacio Público documentó el cierre de al menos 285 emisoras de radio y 2022 fue el año con más cierres (81) ejecutados por funcionarios de Conatel.
Según el informe, funcionarios de Conatel alegaron que las emisoras operaban de manera clandestina tras no tener su estatus legal apegado a la ley, pero la comisión no cumple debidamente su mandato principal de regulación, al mantener en incertidumbre jurídica a la mayoría de las emisoras durante varios años.
Detenciones
La organización también documentó 17 detenciones arbitrarias, de las cuales 11 están vinculadas a la “inconstitucional” Ley contra el Odio, que fue aprobada en 2017.
Esta ley, según Espacio Público, “contraviene las exigencias mínimas de garantías y respeto a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos en cuanto al derecho a la libertad de expresión”.
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