Este domingo se inaugura en Chile la primera sesión de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Carta Magna que sustituya a la Constitución de 1980 heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
De esta manera comienzan los 9 meses, prorrogables por tres más, de que disponen para ponerse de acuerdo y generar un nuevo texto, una de las principales demandas del estallido social de octubre de 2019.
Los 155 convencionales constituyentes elegidos en las elecciones del pasado 15-16 de mayo inauguran este domingo 4 de julio la primera sesión de la Convención, iniciando así la cuenta atrás para el período de su redacción. Son 78 hombres y 77 mujeres, en el primer organismo paritario de este tipo en el mundo.
Primera sesión
En esta primera sesión, todos los constituyentes deberán elegir por mayoría a la persona que ocupe la presidencia y la vicepresidencia de la Convención.
Las propuestas presentadas hasta ahora favorecen la presidencia de una mujer que podría proceder de uno de los 17 escaños que fueron reservados a los diez pueblos originarios de Chile para dar una señal política de cambio.
Varios grupos de constituyentes que se han reunido en semanas anteriores propusieron a Elisa Loncon, mujer, mapuche, académica y activista de las lenguas de los pueblos indígenas.
Definición de reglamento
En los primeros dos o tres meses de funcionamiento, la Convención deberá definir de forma autónoma su reglamento, la composición de las mesas y las comisiones en relación a los distintos temas y áreas a tratar.
El reglamento deberá definir cómo va a funcionar la Convención, cuántas comisiones va a tener, cómo van a votar, si habrá participación ciudadana y cómo se concretará ésta, normas de ética y regular todo lo relacionado a conflictos de interés.
Una de las principales polémicas en los días previos a la inauguración fue que el Gobierno destinó una partida de 500 millones de pesos a participación ciudadana para la Convención, prácticamente el mismo monto que los 488 millones destinados a seguridad.
Algunos parlamentarios reclamaron que la participación ciudadana debía pesar más en el presupuesto.
Además, también señalaron que la empresa de seguridad elegida para brindar protección a la Convención tendría en sus componentes a personas que formaron parte de la guardia personal del dictador Augusto Pinochet y del primer presidente en democracia, Patricio Aylwin y que acumularía más de 197 causas por diversos atropellos laborales a sus empleados, como no respetar sus descansos o reducir salarios sin acuerdo.
Elaboración de una nueva Carta Magna
Los 155 constituyentes dispondrán de un plazo de 9 meses, prorrogables por tres más, para elaborar un nuevo texto Constitucional.
“Es un plazo realista, ha habido convenciones constituyentes que han tomado menos tiempo y otros que han tomado más. La colombiana se hizo en 6 meses, la boliviana no alcanzó, hubo que prorrogarla después con otros pactos políticos, hubo que darle más tiempo y así y todo tampoco alcanzó”, explica María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Para ser un órgano que va a estar solo dedicado a la Constitución que no tiene otras leyes y otras funciones, “es un tiempo adecuado”, señala: “Va a depender mucho de cómo se organice la Convención internamente, cómo se de el diálogo de su sistema de toma de decisiones”, establece la experta.
El quórum necesario para lograr acuerdos en puntos clave es de dos tercios, algo que podría dificultar el avance de los diálogos.
Dadas las diversas polémicas que ha precedido a la instalación Convención, se puede pronosticar un clima de ciertos conflictos.
4 de septiembre de 2022
Una vez aprobado el texto por los constituyentes, existe un plazo de 60 días para convocar un plebiscito de salida, con voto obligatorio, para que todos los chilenos ratifiquen o rechacen el texto.
En caso de que la nueva Carta Magna no cuente con el apoyo en las urnas, seguiría rigiendo la Constitución de 1980. Sin embargo, Espinoza cree que es algo altamente improbable.
Fuente: AFP
