Marino Alvarado, coordinador Legal del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), expresó que la demanda por «difamación continuada» que recibieron el Padre Alfredo Infante, párroco de San Alberto Hurtado, y él fue por «exigir que se investiguen las cadenas de mando» por las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en Carabobo.
«Esta es la consecuencia de ser exigentes en materia de derechos humanos. Es el riesgo que corremos los defensores y las defensoras de derechos humanos por exigir que se investiguen a las cadenas de mando», dijo Alvarado en un video publicado en Twitter.
Este lunes 16 de mayo Alvarado e Infante fueron demandados por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, por «difamación continuada».
Alvarado aclaró que no están diciendo que el gobernador de Carabobo es responsable de dichas ejecuciones extrajudiciales. «Estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad. Ese es el papel del Ministerio Público y exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que colabore con el Ministerio Público para que no solo investigue las presuntas ejecuciones extrajudiciales del estado Carabobo, sino las de todo el país que fueron 1.414 en 2021 y 3.034 en 2020», expresó.
