El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó a Marino Alvarado, coordinador Legal del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y al Padre Alfredo Infante, párroco de San Alberto Hurtado, en La Vega por «difamación agravada continuada».
El Tribunal de Primera Instancia en función de juicio del estado Carabobo emitió el pasado viernes 13 de mayo las boletas mediante las cuales notifica a Alvarado e Infante que admitió la acusación privada presentada por los abogados Eliezer Miguel Guacuto Ríos y Carlos Alberto Bonilla Álvarez, representantes legales del mandatario.
Lacava demandó tanto a Alvarado como a Infante debido a la publicación del informe del proyecto Lupa por La Vida, que llevan en conjunto el Centro Gumilla y Provea, correspondiente al año 2021 donde se presentaron datos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por cuerpos de seguridad, y en el cual la Policía de Carabobo resultó ser la más letal de las estadales.
En ese sentido, solicitaron a las autoridades del país a que realicen las investigaciones sobre los presuntos responsables, es decir, al director de la policía de Carabobo, Yosbel José Solórzano y a Rafael Lacava.
