La Fiscalía Superior del Ministerio Público de Venezuela citó a los organizadores de la primaria de la oposición por supuestos delitos, entre los que se encuentran usurpación de funciones electorales, de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Entre los citados estuvieron la doctora Nelly Cuenca de Ramírez y Luis Rodríguez López, presidenta y vicepresidente de la Junta Regional de Primaria del estado Lara.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, las citaciones se enmarcan en una investigación sobre un presunto “fraude” electoral. Sin embargo, los opositores aseguran que se trata de una persecución política.
“Yo sé cómo se bate el cobre: este va a ser un problema político, no jurídico”, dijo la doctora Cuenca de Ramírez en declaraciones a El Impulso cuando se presentó ante la Fiscalía. “Si se tratara de un problema jurídico, nadie tendría que temer nada porque, obviamente, la primaria no reviste carácter penal”, recalcó.
Luego, Cuenca de Ramírez dejó entrever que a la oposición le preocupa la falta de independencia del Poder Judicial.
“Hay razones para que la gente no le tenga confianza al Poder Judicial, incluyendo el Ministerio Público”, comentó. “Sobre todo, las familias se preocupan por citaciones como estas que están haciendo. Es normal que exista preocupación”, agregó.
«La falta de independencia y autonomía de los poderes, en particular el Poder Judicial, ha sido expuesto por las propias Naciones Unidas a través de informes y también lo ha demostrado Transparencia Venezuela», dijo la doctora Cuenca de Ramírez.
En este sentido, señaló que hay un sentir de temor en los ciudadanos porque el Estado venezolano ha ejercido prácticas violatorias a los derechos humanos.
“Hoy la gente ve un policía y se asusta, ve a los fiscales y se asusta, ve a un juez y se asusta cuando debe ser todo lo contrario, porque el Estado debe garantizar la protección de los ciudadanos. Nosotros sentimos a cada rato que el Estado venezolano viola todos los Derechos Humanos porque no se respeta la Constitución, situación esta que ha merecido la atención de la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, la Comunidad Europea y los países democráticos”, formuló.
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