Exigen al gobierno de Maduro cumplir con recomendaciones de Michelle Bachelet

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Según Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha dado algunos pasos positivos en ese ámbito. No obstante, ha dejado de cumplir varias recomendaciones, según reflejó en el informe que presentó este miércoles 29.

Entre las deudas que tiene el gobierno venezolano en esta materia está la falta de liberación de “presos políticos”. También está en mora con las garantías de derechos humanos para los activistas, defensores, dirigentes políticos y comunicadores..

A propósito de estas “deudas” más notorias del gobierno de Maduro, el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, llamó a todas las partes involucradas a reconocer que existe el origen de la crisis. Después deben sacar a la luz llevar una justicia que incluya reparación a las víctimas.

Sólo después buscar la reconciliación entre todos los factores políticos y sociales vinculados a la crisis.

Según esta ONG, el Estado venezolano no implementó 59 recomendaciones sobre la Misión de Determinación de los Hechos y CIDH, entre ellas las de independencia judicial, elecciones democráticas,e investigar a las FAES.

Gobierno mantiene elementos estructurales de represión

Según el Observatorio Venezolano de Justicia Acceso a la Justicia, en Venezuela persisten los “elementos estructurales de represión”, pese a que Bachelet reconoció “adelantos” en esta materia.

Sin embargo, la misma Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU también afirmó que en Venezuela persisten las “restricciones del espacio cívico y democrático”.

Según Bachelet, entre mayo de 2021 y abril de 2022, 166 casos de restricciones indebidas, estigmatización, la criminalización y las amenazas a las voces disidentes fueron documentados por su Oficina en el país.

Interceptación de comunicaciones telefónicas

En cuanto a la libertad de expresión, la oficina del Acnudh registró 84 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos y bloqueos de portales web de medios.

También se refirió a operaciones de interceptaciones de llamadas telefónicas de forma ilegal como forma de vigilancia. Sobre este asunto se pronunció el líder consultor político y periodista Gustavo Azócar.

Hizo referencia a las denuncias reflejadas en el informe de Transparencia Venezuela 2021. Dicho informe evidenció que la empresa privada de telefonía Movistar ayudó a interceptar 1 millón 584 mil 547 llamadas telefónicas por exigencia del Estado venezolano.