La justicia española aprobó una solicitud de extradición para Adrián José Velázquez Figueroa, exjefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez.
La extradición a Estados Unidos del exjefe de seguridad de Hugo Chávez, detenido a finales de 2020, será por los delitos de blanqueo de capitales y asociación criminal.
Según la solicitud hecha por la corte estadounidense, entre 2008 y 2017 presuntamente participó en una acción corrupta a través de cambio de moneda extranjera y efectuado para el Gobierno venezolano. En el hecho están también señalados su esposa, la otrora enfermera del exmandatario y exdirectora del Tesoro Nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén.
También está involucrado el empresario Raúl Gorrín Belisario, dueño de una empresa aseguradora y del canal de televisión Globovisión en Venezuela.
La Audiencia Nacional de España consideró estos hechos como blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, es decir, según el tribunal ibérico, cumple todos los requisitos necesarios para aprobar el traslado.
La decisión se dio el 5 de noviembre, pero apenas se logró conocer este miércoles 10 de noviembre. Su entrega se da por los mismos señalamientos por los que extraditaron a su esposa el pasado 14 de octubre.
Entre tanto, a Gorrín lo señalan de ofrecer, autorizar y pagar sobornos a la entonces tesorera nacional de Venezuela, Claudia Díaz. Inclusive, a través de su pareja a partir de 2011, por lo que habría recibido «jugosas ganancias» por presunto fraude cambiario.
En este sentido, Gorrín también hizo gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones y demás bienes en el Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos, a beneficio de Díaz y Velázquez.
No fue la primera
La solicitud de Estados Unidos contra el exjefe de seguridad del Palacio de Miraflores y la antigua Tesorera Nacional no era la primera en hacerse.
A ambos los apresaron en 2018 por una petición de la embajada de Venezuela en España. En ella, los señalaban de cometer delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.
Estos, según el Gobierno venezolano, los cometieron mientras ejercían cargos públicos.
Sin embargo, en ese tiempo España rechazó la solicitud de Venezuela argumentando una «posible vulneración de derechos fundamentales» tras su entrega.
