Los familiares y el abogado defensor del concejal Fernando Albán rechazaron este mismo sábado 1 de mayo el nuevo informe del Fiscal General de la República sobre el estado en el cual se encuentra su caso, acusándolo de pretender «confundir a la opinión pública y pretender
engañar a la Corte Penal Internacional».
En una carta que dieron a conocer públicamente, y firmado por el abogado Ramón Alfredo Aguilar, se lee que la intención de Tareck William Saab es hacer «creer que se está averiguando y enjuiciando los crímenes cometidos contra Fernando Albán y otras víctimas de la dictadura».
Este sábado el titular del Ministerio Público reveló que el también dirigente de Primero Justicia no se suicidó y que por esta razón hay dos funcionarios del SEBIN imputados por «homicidio culposo» y otros delitos.
Al respecto, Aguilar señala que desde el primer momento el caso se elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero denuncia que la delegación del gobierno venezolano no ha comparecido a las audiencias a las cuales se les ha citado para presentar sus alegatos iniciales que indicaban que Albán se había lanzado, por su voluntad, de un noveno piso.
Agregó que «se aportaron elementos de convicción ante la Comisión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas, que junto con la averiguación realizada por dicha comisión, permitió que ésta incluyera el caso del Concejal Albán dentro de su informe de septiembre de 2020, en el que se determinó que el régimen de Maduro comete sistemáticamente Crímenes de Lesa Humanidad».
Aguilar rechaza que ahora el Fiscal General quiera montar «un show mediático» al anunciar que existe homicidio culposo por parte de dos funcionarios, «es decir, sin intención. Sin incluir los delitos de desaparición forzosa, privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio calificado (ejecución extrajudicial), que son los denunciados por la familia desde diciembre de 2018».
Apuntó que en esa «oportunidad en la cual, Saab fue formalmente recusado, y cuya denuncia hasta hoy no ha sido procesada. Tampoco se han verificado investigaciones contra la cadena de mando, el director del Sebin Gral. Gustavo González López ni el ministro Reverol, o la Juez Carol Padilla, que junto al seudo fiscal mintieron y encubrieron los delitos».
Finalmente en la misiva, al llamar «encubridor» al máximo representante del Ministerio Público en el país, el abogado advierte que en las investigaciones tampoco «no se aplicó el Protocolo de Minnesota, ni se practicó una autopsia independiente, ni se permitió a la defensa acceso al expediente. Por el contrario, una vez que usted fue denunciado, procedió a perseguir a los abogados miembros de la defensa y allanar el hogar y oficina de la señora viuda de Albán, entre los meses de febrero y marzo de 2019».
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