Este sábado 1 de mayo el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, reveló que de acuerdo a las investigaciones que su despacho emprendió, el concejal Fernando Albán no se suicidó como se sostuvo al principio en 2018 cuando se señaló que se había lanzado de un noveno piso en la sede del SEBIN en El Helicoide.
Sobre este sonado caso, dijo que en principio se le imputó a los presuntos responsables el delito de quebrantamiento de normas de custodia pero luego el Ministerio Público solicitó la anulación de este primer dictamen «al observar violaciones de garantías constitucionales y siendo acordadas dichas nulidades por el Tribunal la causa se retrotrajo hasta la fase de investigación».
Esto dio como resultado, tras nuevas averiguaciones, una orden de aprehensión «contra los dos funcionarios implicados en estos hechos, que lo custodiaban, por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido».
El Fiscal habló de otros dos contundentes casos más. En el primero se refirió a la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo, en junio de 2019, indicando que en octubre de 2020 hubo una decisión del TSJ «que ordenó una nueva investigación sobre las circunstancias de su muerte», celebrándose una nueva audiencia de presentación el 22 de ese mes «contra los dos funcionarios implicados en estos hechos por los delitos de homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y tortura», acusación que se confirmó el 13 de noviembre.
Y en relación a la muerte del joven Juan Pablo Pernalete, en abril de 2017 en medio del contexto de protestas cívicas en Caracas, confirmó que falleció a causa de un golpe de bomba lacrimógena en el pecho.
Por este caso «se logró la imputación de 12 funcionarios (GNB) por el delito preterintencional en grado de complicidad corespectiva».
